Redacción: Amairany Ramírez
Conoce cómo el Reino Unido y México fortalecen su alianza estratégica para combatir las emisiones de CO2 y frenar la deforestación ilegal en una carrera por la transición energética y la sostenibilidad.

En un momento crítico para la estabilidad climática global, el Reino Unido ha decidido redoblar su apuesta por México como socio estratégico en la región latinoamericana. A través del relanzamiento y expansión del programa UK PACT (Partnering for Accelerated Climate Transitions), ambas naciones buscan no solo reducir las emisiones contaminantes, sino enfrentar de raíz crisis urgentes como la deforestación desmedida y la transición hacia una matriz energética limpia.
Durante un evento celebrado en la residencia oficial británica en la capital mexicana, la embajadora Susannah Goshko y el parlamentario Christopher Elmore formalizaron el inicio de la segunda fase de esta cooperación. Los números de la primera etapa, iniciada en 2018, respaldan la iniciativa: se ha logrado evitar la liberación de 780 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) y se ha capacitado a cerca de 20 mil personas en áreas clave como movilidad, finanzas y agricultura sostenible.
“La acción climática y las oportunidades económicas se refuerzan mutuamente”, afirmó Elmore, subrayando que esta colaboración trasciende lo ambiental para convertirse en un motor de inversión y crecimiento económico. Uno de los puntos más álgidos de la agenda es la pérdida de masa forestal. Según datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), México enfrenta una situación alarmante: entre 2001 y 2024 se perdieron, en promedio, más de 203 mil hectáreas de bosques anualmente. Lo más preocupante es que el 95% de esta pérdida ocurre de forma ilegal, impulsada principalmente por la conversión de selvas y bosques en praderas para la ganadería.
Xóchitl Ramírez Reivich, de la Secretaría de Agricultura (Sader), reconoció con autocrítica que las actividades agropecuarias son la principal causa de este fenómeno y señaló que el apoyo británico será fundamental para cumplir la meta de frenar la deforestación y eliminar el uso de plaguicidas peligrosos. Además, organizaciones civiles han señalado que proyectos de infraestructura pública, como el Tren Maya, han contribuido a la problemática con la pérdida de unas 6 mil hectáreas de selva.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha fijado el ambicioso reto de elevar la participación de energías limpias del 24% al 38% para 2030. Fidel Carrasco, representante de la Secretaría de Energía (Sener), calificó este objetivo como un “desafío bastante exigente” que requiere un crecimiento anual del 5%. En este sentido, la cooperación con el Reino Unido abrirá puertas a tecnologías aún no exploradas en el país, como la eólica marina y el hidrógeno verde, involucrando a empresas estatales como CFE y Pemex.
Sin embargo, el camino hacia la sostenibilidad requiere de un músculo financiero sin precedentes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que México necesita movilizar aproximadamente 13.6 billones de pesos hacia 2030 para financiar su estrategia de sostenibilidad. Esto incluye la creación de una “taxonomía sostenible” para identificar inversiones responsables y el impulso de mercados de deuda mediante bonos verdes.
El fortalecimiento de estos lazos ocurre en un contexto de urgencia, tras incidentes ambientales recientes como el derrame de petróleo en el Golfo de México ocurrido a inicios de 2026, y frente a posturas internacionales que niegan el cambio climático. Al ser México el quinto país con mayor biodiversidad del mundo, la implementación de estas políticas no es solo una cuestión política, sino una medida de supervivencia ante sequías e inundaciones que ya afectan a la población.

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