Redacción Marlone Serrano
A casi 12 años del derrame tóxico en el Río Sonora, comunidades afectadas denuncian contaminación, enfermedades y falta de justicia ambiental. Persisten reclamos contra Grupo México y autoridades por incumplimientos y opacidad.
A casi doce años del derrame tóxico ocurrido en el Río Sonora, habitantes de las comunidades afectadas continúan denunciando contaminación, daños a la salud y falta de cumplimiento de las promesas realizadas tras uno de los peores desastres ambientales en la historia minera de México.
El 6 de agosto de 2014, la mina Derrame de Buenavista del Cobre en Río Sonora, operada por Grupo México, vertió alrededor de 40 mil metros cúbicos de solución de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacánuchi y Sonora, afectando a más de 22 mil personas en siete municipios de Sonora.
Las comunidades de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y zonas rurales de Hermosillo aseguran que, pese a los años transcurridos, persisten problemas relacionados con el acceso al agua potable, enfermedades y la falta de infraestructura prometida para atender la emergencia ambiental.
Denuncian opacidad y falta de reparación
Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), integrados por habitantes afectados, señalaron que existe incertidumbre y desconfianza debido a la falta de transparencia sobre los acuerdos firmados entre el Gobierno federal y Grupo México para la reparación del daño.
Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el derecho de las comunidades a participar e informarse sobre el proceso de reparación, los afectados aseguran que continúan excluidos de las decisiones.
“Todos estos años se han ido en diálogos, en mesas de trabajo, pero nada concreto. Mientras están violando nuestro derecho a la salud y a un medio ambiente sano”, afirmó Martha Aguirre, integrante de los comités.
Persisten daños ambientales y de salud
Entre las principales demandas se encuentra el acceso garantizado a agua potable segura. Habitantes denuncian que todavía existe temor sobre la calidad del agua debido a la presencia de metales pesados derivados del derrame.
Además, señalaron que proyectos prometidos tras la tragedia ambiental nunca se concretaron completamente. Uno de ellos fue la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), que ofrecería atención médica especializada hasta 2029, pero cuyo apoyo fue retirado.
También quedó inconclusa la instalación de plantas potabilizadoras. Inicialmente se prometieron 36 instalaciones para limpiar el agua contaminada; sin embargo, en 2017 las autoridades anunciaron que solo se construirían nueve.
Organizaciones exigen regulación empresarial
Ante este escenario, más de 80 organizaciones civiles impulsaron la creación de la Unión de Movimientos por la Regulación Empresarial para la Defensa de los Derechos Humanos (UMREDDH), con el objetivo de fortalecer las leyes ambientales y exigir mayor responsabilidad a las empresas.
La agrupación propone establecer mecanismos legales que obliguen a las compañías a prevenir, mitigar y reparar daños ambientales y sociales derivados de sus operaciones.
Las organizaciones también exigen transparencia, supervisión efectiva y participación de las comunidades en las decisiones relacionadas con proyectos industriales y extractivos.
Piden priorizar el bienestar social
Activistas y habitantes afectados sostienen que la regulación empresarial no debe verse como un obstáculo económico, sino como una herramienta para garantizar desarrollo sostenible y certeza jurídica.
Mientras tanto, las comunidades del Río Sonora continúan exigiendo justicia ambiental, reparación integral y atención a una crisis que, aseguran, sigue afectando su salud, su territorio y su calidad de vida casi doce años después del derrame.
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