La discusión sobre reducir la jornada laboral a 40 horas semanales apenas abrió la puerta. Ahora, los sindicatos buscan cruzar un umbral todavía más incómodo para el poder económico y fiscal del país: quitar el ISR al aguinaldo, al reparto de utilidades, a las horas extra y a diversos bonos laborales. Y aunque para algunos sectores empresariales y funcionarios hacendarios esto suene a una amenaza para la recaudación, en realidad la propuesta exhibe una verdad que México lleva décadas intentando ocultar: trabajar más no significa vivir mejor.
La iniciativa impulsada por dirigentes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM)no nace de una ocurrencia populista ni de una concesión electoral. Surge del agotamiento de un modelo laboral que convirtió al salario en una cifra decorativa. Durante años, millones de trabajadores mexicanos han sobrevivido gracias a compensaciones extraordinarias: aguinaldos, horas extra, bonos de productividad o reparto de utilidades. Es decir, el ingreso real del trabajador no proviene únicamente de su sueldo, sino de mecanismos complementarios que el propio sistema termina castigando con impuestos.
Y ahí está la contradicción…
El Estado cobra ISR incluso sobre ingresos que, en teoría, existen para compensar precariedad, inflación y desgaste laboral. Se grava el aguinaldo, aun cuando para miles de familias representa la única oportunidad anual de pagar deudas, comprar útiles escolares, reparar la casa o simplemente tener un respiro financiero. Se grava la PTU, aunque esas utilidades fueron generadas precisamente por la fuerza de trabajo. Se grava el tiempo extra, es decir, el cansancio convertido en dinero.
En otras palabras: en México, hasta el agotamiento paga impuestos.
La propuesta sindical no busca aumentar artificialmente el salario mínimo ni imponer cargas inmediatas a las empresas. Su lógica es más simple y más peligrosa para ciertos intereses: permitir que el trabajador conserve una mayor parte de lo que ya ganó. No se trata de regalar dinero. Se trata de dejar de quitarlo.
El problema de fondo es que el sistema fiscal mexicano históricamente ha sido duro con los asalariados y sorprendentemente flexible con los grandes capitales. Mientras un trabajador no puede esconder su nómina ni negociar su retención mensual, enormes corporaciones encuentran rutas legales para reducir cargas fiscales mediante estímulos, consolidaciones o estrategias contables sofisticadas. La desigualdad tributaria no siempre está en cuánto se paga, sino en quién no puede evitar pagar.
Por eso la propuesta de eliminar ISR sobre prestaciones toca fibras sensibles. Porque rompe con una vieja narrativa: la idea de que cualquier beneficio al trabajador pone en riesgo la estabilidad económica. Curiosamente, nunca se dice lo mismo cuando aparecen rescates financieros, condonaciones fiscales o incentivos multimillonarios para sectores empresariales.
La discusión también coincide con otro fenómeno inevitable: el desgaste social producido por décadas de hiper productividad mal pagada. La reforma hacia la jornada de 40 horas no surgió por generosidad política, sino porque el modelo de explotación intensiva comenzó a mostrar límites humanos. Jornadas largas, traslados interminables, estrés crónico y salarios insuficientes generaron una clase trabajadora agotada física y emocionalmente. Y en ese contexto, cobrar impuestos sobre horas extra adquiere incluso una dimensión ética incómoda: el Estado recauda más mientras la gente sacrifica tiempo de vida.
Claro que la propuesta enfrenta preguntas legítimas. ¿Cuánto dejaría de recaudar Hacienda? ¿Cómo compensar ese ingreso fiscal? ¿Qué impacto tendría en empresas medianas o pequeñas? Son cuestionamientos válidos. Pero también es válido preguntar por qué siempre que se habla de aliviar la carga del trabajador aparece inmediatamente el fantasma de la inviabilidad económica, mientras otros privilegios fiscales sobreviven intactos durante años.
México necesita discutir algo más profundo que una exención tributaria. Necesita redefinir qué considera digno y qué considera justo. Porque si el trabajador produce riqueza, genera utilidades y sostiene el consumo interno, resulta absurdo que el sistema continúe viendo sus prestaciones como una oportunidad recaudatoria antes que como una herramienta de bienestar.
La verdadera pregunta no es si el gobierno puede darse el lujo de dejar de cobrar ISR sobre aguinaldos o utilidades. La pregunta es cuánto tiempo más puede sostenerse un país donde trabajar cada vez alcanza para menos.
Y quizá ahí radica la fuerza política de esta propuesta: no habla únicamente de impuestos. Habla de dignidad… Cómo lo ve usted estimado lector…
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