Redacción: Michelle Velázquez Belmont
Los residuos mineros o “jales” representan un grave riesgo para la salud y el agua en México este 2026. Analizamos la situación ambiental actual
La región de Mazapil, en el corazón de Zacatecas, representa el rostro más crudo de una actividad extractiva que ha moldeado el territorio durante casi un siglo. En esta zona del centro-norte mexicano, la minería no solo ha transformado el paisaje físico, sino que ha fracturado profundamente la cohesión de sus habitantes.
Testimonios locales, como el de Roberto de la Rosa en Salaverna, dan cuenta de una división social irreversible donde la presencia de las corporaciones ha enfrentado a vecinos por posturas opuestas. Sin embargo, el daño más persistente y silencioso reside en los jales: acumulaciones masivas de desechos químicos y tierra que quedan como cicatrices tóxicas. Muchos de estos depósitos permanecen inactivos desde la década de 1930, manteniendo una carga contaminante de metales como plomo y zinc que aún amenaza el entorno.
Un caso emblemático de esta vulnerabilidad es la mina Peñasquito, operada por la firma Newmont. Esta instalación, clave en la producción mundial de plata, posee una presa de residuos que ha sido catalogada con un nivel de riesgo extremo por organismos internacionales en caso de un fallo estructural.
Pese a contar con planes de manejo proyectados a largo plazo, la percepción de las comunidades es de una polución constante. Esta situación se replica a escala nacional, donde México alberga cientos de depasitos de relaves; de estos, una parte considerable opera bajo niveles de riesgo que van de lo significativo a lo catastrófico, mientras que la falta de información pública sobre la gestión de muchos otros sugiere un vacío operativo alarmante.
La geografía del residuo minero se concentra principalmente en estados como Durango, Zacatecas y Chihuahua, donde la intensidad extractiva ha generado una densidad peligrosa de presas. El riesgo no es solo paisajístico; el Instituto Mexicano del Agua ha advertido que los derrames accidentales son una amenaza latente para la salud pública y la estabilidad de los ecosistemas.
A esto se suma una supervisión gubernamental que suele ser reactiva y sanciones económicas que resultan insuficientes para desincentivar las malas prácticas. Esta combinación de vigilancia laxa y marcos legales permisivos ha derivado en una impunidad que deja a las poblaciones rurales en un estado de desinformación y desamparo frente a los metales pesados que se filtran al subsuelo.
La historia reciente de México está marcada por tragedias como la del río Sonora en 2014, donde un vertido masivo de sulfato de cobre provocó uno de los mayores desastres ambientales del país, afectando la salud de miles de personas y generando pérdidas económicas multimillonarias.
Este evento ilustra la fragilidad de un sistema donde la producción de metales preciosos parece priorizarse sobre la seguridad ambiental. A pesar de los esfuerzos por actualizar normativas y realizar inspecciones, la realidad es que muchas empresas operan sin permisos ambientales completos o con diseños de infraestructura inadecuados. Mientras otras naciones han avanzado hacia planes nacionales de gestión de relaves, México aún enfrenta el reto de adaptar sus estándares a los lineamientos globales de seguridad y respeto a los derechos humanos, evitando que más localidades se conviertan en zonas de sacrificio donde el beneficio económico nunca llega a quienes habitan la tierra.
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