Redacción: Michelle Velázquez Belmont
Proyecto minero en Nueva Guinea: alertas de desastre ambiental, contaminación de ríos por minería, resistencia comunitaria.
Un ambicioso plan de explotación minera en Papúa Nueva Guinea ha encendido las alarmas entre la población civil debido al peligro inminente de una catástrofe ecológica en sus costas. La iniciativa, enfocada en la extracción de oro y cobre en las selvas de la provincia de Morobe, es impulsada por una alianza entre dos gigantes del sector: la corporación estadounidense Newmont Mining y la sudafricana Harmony Gold. A pesar de los fuertes cuestionamientos sociales, las autoridades gubernamentales defienden firmemente la continuidad de la obra, argumentando que las ganancias económicas derivadas del proyecto resultan indispensables para elevar las condiciones de vida en esta nación en vías de desarrollo, postura que el propio mandatario de la isla ha respaldado públicamente como una vía legítima para incrementar las riquezas del territorio.
El centro de la controversia del proyecto, conocido como Wafi-Golpu, radica en la gestión de sus desechos. Debido a la supuesta falta de terrenos aptos en la superficie para albergar los residuos, el diseño contempla la edificación de una tubería de cien kilómetros de longitud que conducirá una mezcla de piedras molidas y componentes químicos directamente hacia el océano.
Diversas investigaciones alertan que este polémico método de vertido en profundidades marinas, utilizado por una minoría extrema de minas a nivel global, arrojará cientos de millones de toneladas de sedimentos cargados con metales pesados altamente nocivos como mercurio, arsénico y plomo durante las casi tres décadas que dure la actividad extractiva. Asimismo, se denuncia que las poblaciones del litoral, cuya supervivencia depende enteramente del ecosistema marino, no han otorgado su aprobación para esta intervención.
Por su parte, el consorcio empresarial defiende que la descarga marina representa la alternativa más prudente y respetuosa con el entorno. Sus representantes explican que se analizaron decenas de ubicaciones en tierra firme, pero que todas fueron descartadas por la inestabilidad sísmica de la región y las constantes precipitaciones, añadiendo que sus análisis internos descartan cualquier amenaza para el bienestar humano. No obstante, estas justificaciones no calman el descontento popular ni el de las autoridades religiosas más influyentes del país, quienes advierten sobre un desenlace trágico para las familias locales.
El litoral afectado no solo posee un valor cultural incalculable, sino que es el hábitat de especies vulnerables como la tortuga laúd. En comunidades costeras como Yanga, los residentes rechazan categóricamente que el acueducto cruce sus propiedades, exigiendo la retirada de las compañías de sus espacios ancestrales de pesca, los cuales consideran un patrimonio vital que no están dispuestos a sacrificar por el desarrollo industrial.
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