Redacción: Anahi Hernández
Diputados de Nuevo León solicitaron investigar quien permitió pintar de naranja las formaciones rocosas en el Parque La Huasteca y determinar posibles daños ambientales al ecosistema.
La controversia por las piedras pintadas de color naranja en el Parque La Huasteca escaló al ámbito legislativo, luego de que la diputada local Claudia Caballero solicitó una investigación, presentada el 15 de junio de 2026, para esclarecer quién autorizó la intervención y evaluar las posibles afectaciones al ecosistema de esta área natural protegida.
A través de un requerimiento aprobado por la Diputación Permanente del Congreso de Nuevo León, se pidió a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la administración del Parque Nacional Cumbres de Monterrey informar sobre los daños ambientales que pudo haber generado la pintura aplicada sobre formaciones rocosas dentro del paraje natural.
La legisladora señaló que es necesario identificar a los responsables de autorizar la intervención y esclarecer con qué finalidad se alteró el entorno natural de uno de los sitios emblemáticos de Nuevo León. Asimismo, sostuvo que las áreas naturales protegidas deben destinarse a la conservación ambiental y no a intereses ajenos a ese objetivo.
Las imágenes de piedras teñidas de naranja difundidas en redes sociales y medios de comunicación generaron reacciones entre ciudadanos, ambientalistas y visitantes, quienes cuestionaron el impacto visual y ecológico de la intervención en la Huasteca, considerada un patrimonio natural del estado.
Especialistas y organizaciones ambientales has insistido en la importancia de preservar los ecosistemas protegidos bajo criterios técnicos y científicos, particularmente en espacios de alto valor ecológico como el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, del cual la Huasteca forma parte.
El caso ha generado el debate sobre la conservación del patrimonio natural y los límites de las intervenciones humanas en áreas protegidas. Mientras continúan las exigencias de transparencia, las autoridades ambientales estarán encargadas de determinar si las acciones incumplieron disposiciones en materia de protección ecológica.
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