Redacción: Regina Melo Rodríguez
En Madrid, España, una jueza decidió que los activistas climáticos que en 2023 lanzaron pintura roja sobre la fachada del Congreso español no irán a prisión.
Cuatro de ellos deberán pagar una multa económica, mientras que cinco fueron absueltos. La protesta fue organizada por grupos ambientalistas para llamar la atención sobre la crisis climática y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los límites de este tipo de manifestaciones.
Una jueza de Madrid decidió no enviar a prisión a los activistas climáticos que en marzo de 2023 lanzaron pintura roja sobre la fachada del Congreso de los Diputados de España. Aunque la autoridad reconoció que la protesta causó daños en un edificio histórico, consideró que no era necesario imponer penas de cárcel como había solicitado la Fiscalía. En lugar de ello, cuatro personas fueron sancionadas con una multa económica, mientras que otras cinco quedaron libres de responsabilidad al no demostrarse que participaron directamente en la acción.
Los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2023, cuando integrantes de los colectivos ambientales Extinction Rebellion, Rebelión Científica y Futuro Vegetal realizaron una protesta frente al Congreso. Durante la manifestación, los activistas arrojaron pintura roja diluida en agua sobre la fachada principal y los leones que se encuentran en la entrada del edificio. Con esta acción buscaban representar los efectos de la crisis climática y denunciar lo que consideran una falta de respuesta por parte de los gobiernos ante un problema que afecta cada vez más al planeta.
Durante el juicio, los participantes explicaron que su intención nunca fue dañar de forma permanente el inmueble, sino llamar la atención de la sociedad y de las autoridades sobre la emergencia climática. Según señalaron, eligieron un lugar tan simbólico como el Congreso porque ahí se toman decisiones políticas importantes y querían que su mensaje tuviera mayor impacto. Además, defendieron que la protesta fue una forma de expresar su preocupación por el futuro y exigir medidas más efectivas para enfrentar el cambio climático.
Sin embargo, la jueza concluyó que, aunque la causa ambiental es válida, eso no justifica afectar bienes protegidos por la ley. Por esta razón, determinó que cuatro de los acusados sí tuvieron una participación directa en el lanzamiento de la pintura y les impuso una multa de 1,400 euros a cada uno. En contraste, los otros cinco activistas fueron absueltos debido a que no se comprobó que hubieran intervenido en los daños ocasionados durante la protesta.
Este caso llamó la atención porque la Fiscalía había solicitado una condena de un año y nueve meses de prisión para los nueve involucrados. No obstante, la resolución final fue mucho menos severa. La jueza consideró que una sanción económica era suficiente para castigar los hechos sin recurrir al encarcelamiento. La decisión fue vista por algunos sectores como una muestra de equilibrio entre el respeto a la protesta social y la protección del patrimonio histórico.
Como antecedente, esta no ha sido la única acción realizada por grupos ambientalistas para visibilizar la crisis climática. En distintos países, organizaciones similares han llevado a cabo protestas en museos, monumentos y edificios públicos con el objetivo de generar debate y atraer la atención de los medios de comunicación. Aunque estas acciones suelen ser polémicas, los activistas aseguran que buscan poner en el centro de la conversación uno de los problemas más importantes de la actualidad.
Además de las multas, los involucrados tuvieron que cubrir los gastos de limpieza de la fachada afectada, los cuales ascendieron a 5,863 euros. La cantidad ya había sido pagada antes de que se conociera la sentencia, aunque la jueza señaló que esto no modificaba la responsabilidad de los acusados. Con esta resolución concluye uno de los casos más conocidos de activismo climático en España, dejando abierto el debate sobre los límites de la protesta cuando se busca llamar la atención sobre problemas ambientales.
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