Clima y Crisis

Comunidades indígenas se oponen a planta de amoniaco en Sinaloa  

Oposición de indígenas mayo yoreme en bahía de Ohuira, impacto ambiental en Topolobampo. 

Redacción Michelle Velázquez Belmont 

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La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, manifestó su apoyo a la edificación de un complejo productor de amoniaco localizado en la Bahía de Ohuira, dentro del estado de Sinaloa. La ejecutiva federal precisó que la infraestructura reporta un progreso superior al noventa y cinco por ciento de su totalidad, minimizando con ello las protestas que colectivos ecologistas y pueblos originarios de la etnia yoreme-mayo han sostenido a lo largo de más de diez años. Durante su comparecencia matutina ante los medios, la jefa de Estado aclaró que los trabajos de edificación iniciaron en administraciones pasadas y no corresponden a una planeación gubernamental de cuño reciente, sugiriendo que la magnitud de su avance técnico era desconocida por un sector de la opinión pública. 

Asimismo, Sheinbaum detalló que el proyecto cuenta con un riguroso análisis de afectación ecológica que fue avalado por las dependencias ambientales de la federación durante la gestión de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Dicho documento técnico, según sus palabras, contempla lineamientos específicos para amortiguar los efectos negativos en el ecosistema regional. De igual manera, defendió la legitimidad del plan al señalar que se organizó un plebiscito ciudadano donde la mayor parte de los habitantes locales expresó su conformidad con la obra. Aunque admitió la persistencia de focos de descontento entre los nativos, aseguró que las dependencias oficiales continúan los canales de negociación con las facciones disidentes. Desde la perspectiva del gobierno, esta fábrica es considerada una pieza clave para garantizar el autoabastecimiento de insumos agrícolas y reducir las compras en el extranjero. 

Este posicionamiento de la presidencia choca frontalmente con la disputa territorial documentada en la zona. Las poblaciones originarias argumentan que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente pone en peligro su entorno ecológico, sus tradiciones comunitarias y sus formas de subsistencia. La controversia ha escalado a nivel internacional, al grado de que la entidad financiera alemana encargada de otorgar los recursos económicos solicitó un peritaje externo para revisar los lineamientos del plebiscito indígena efectuado hace unos años. 

 El arribo de maquinaria pesada al sitio reavivó los bloqueos viales en la entidad sinaloense y detonó manifestaciones en diversas urbes del país y de Europa. Aunque las secretarías federales pactaron auditorías ecológicas y mesas de negociación con los inconformes, los pobladores locales mantienen su postura firme de exigir la suspensión total y definitiva del complejo. Por su parte, la comunidad científica ha expresado su preocupación debido a que la planta colinda con un humedal protegido de relevancia internacional, donde corren riesgo los bosques de manglar, las actividades pesqueras y especies marinas vulnerables como delfines y quelonios. No obstante, las declaraciones de la mandataria ratifican que el gobierno federal da por sentada la conclusión de la obra como parte de sus metas agropecuarias. 

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