Redacción Michelle Velázquez Belmont
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La provincia argentina de Misiones vuelve a debatir la construcción de la represa hidroeléctrica binacional Corpus Christi junto a Paraguay, reavivando una controversia que parecía resuelta hace tres décadas. En la primavera de 1996, un plebiscito histórico reflejó el rechazo de casi el 89% de la población local hacia este tipo de infraestructuras, lo que derivó en una legislación provincial que prohíbe su ejecución sin una consulta ciudadana previa y vinculante. Sin embargo, el actual impulso gubernamental para reactivar la iniciativa sobre el río Paraná ha encendido las alarmas en los sectores científicos y ecologistas, quienes cuestionan la legalidad y el impacto ecológico del plan.
Actualmente, la propuesta se encuentra en una fase preliminar de evaluación técnica y económica para generar unos 3500 megavatios de potencia en la zona de la isla Pindo-í. Desde la perspectiva jurídica, expertos ambientales afirman que la normativa derivada de la consulta popular de 1996 posee un carácter supremo que no puede ser revocado mediante decretos o leyes ordinarias. Además, se invoca el principio de no regresión ambiental, un lineamiento jurídico nacional que impide reducir los niveles de protección ecológica ya alcanzados por el Estado. Diversas agrupaciones civiles confirmaron, mediante pedidos de acceso a la información, que las autoridades de ecología de Misiones carecen de estudios vigentes o declaraciones formales sobre el impacto ambiental del proyecto.
En contraste, los defensores de la obra argumentan que el panorama energético regional ha cambiado drásticamente en los últimos treinta años, obligando al territorio a depender del suministro externo. Quienes promueven la iniciativa, incluyendo legisladores locales y representantes de la Comisión Mixta del Río Paraná, señalan que los análisis técnicos actualizados en 2020 determinaron que la ubicación seleccionada es la que genera menores perjuicios sociales y ecológicos en comparación con alternativas previas. Sostienen que no se busca imponer la represa de forma autoritaria, sino propiciar un debate transparente fundamentado en datos modernos para que la ciudadanía vuelva a decidir en las urnas.
No obstante, la comunidad científica advierte sobre las severas consecuencias para el ecosistema fluvial y terrestre. Los especialistas explican que el estancamiento del agua retiene nutrientes esenciales y sedimentos vitales, interrumpe el ciclo migratorio de la fauna acuática y libera gases de efecto invernadero por la degradación de la vegetación sepultada bajo el agua. Se estima que la inundación permanente afectaría cerca de 14,000 hectáreas compartidas, comprometiendo de manera total o parcial múltiples reservas naturales locales. El daño potencial es crítico, dado que la selva misionera constituye el último gran refugio de la Mata Atlántica en el país y alberga más de la mitad de la biodiversidad nacional, un patrimonio biológico que se vería gravemente amenazado por el embalse.
