Redacción: Leo Garfias
Los océanos son regulados por acuerdos internacionales que buscan garantizar su uso sostenible y seguro, estas regulaciones reflejan el compromiso global por conservar los océanos y asegurar su aprovechamiento responsable.
La vida tuvo su origen en los océanos, los cuales cubren aproximadamente 360,132,000 km², es decir, un 72% de la superficie del planeta. Estos cuerpos de agua no solo son esenciales para el equilibrio ecológico, sino que también proporcionan alimento, comercio y experiencias turísticas únicas. Cabe destacar que la mayoría de la población mundial habita a menos de 320 kilómetros de la costa, lo que refleja la estrecha relación entre el ser humano y el mar.
Durante siglos, el mar fue considerado territorio libre. Sin embargo, en el siglo XX surgió la necesidad de establecer normas jurídicas que regularan su uso. Como resultado, en 1982 la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar fijó principios fundamentales:
- Libertad de navegación.
- Límites territoriales de 12 millas náuticas.
- Zonas económicas exclusivas de hasta 200 millas.
- Extensión de derechos en la plataforma continental hasta 350 millas.
- Creación de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.
- Mecanismos de resolución de conflictos.
En junio de 2023, la Conferencia Intergubernamental sobre Biodiversidad Marina de Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBJN) aprobó el tratado de Alta Mar, firmado por 193 países. Su objetivo es proteger la biodiversidad marina, garantizar un uso responsable de los océanos y mantener la integridad de los ecosistemas oceánicos.
La pesca constituye una fuente vital de alimentación y de ingresos económicos. No obstante, según la FAO, más de un tercio de las poblaciones de peces se encuentran sobreexplotadas. Frente a ello, la Convención del Mar ofrece un marco jurídico integral para la conservación y el uso sostenible de especies transzonales y altamente migratorias.
El transporte marítimo internacional es uno de los principales emisores de contaminantes. Para mitigar este impacto, la OMI ha aprobado medidas obligatorias de eficiencia energética. Asimismo, en 2017 entró en vigor el Código Polar, que regula aspectos como diseño, construcción, operaciones y protección ambiental de los buques que navegan en aguas polares.
La piratería representa otro desafío, especialmente en las costas de Somalia y en el Golfo de Guinea. Estos ataques ponen en riesgo la vida de los marineros y la seguridad del comercio internacional. Para enfrentarlos, la UNODC, a través del Programa Mundial contra el Crimen Marítimo (GMCP), combate el crimen organizado transnacional en África, con énfasis en la piratería en el Cuerno de África y el Golfo de Guinea.
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