Redacción Atziri Gomez
El Comité de Justicia Ambiental de la Frontera anunció una nueva etapa en sus actividades con la incorporación de nueve integrantes y el desarrollo de una propuesta legislativa enfocada en fortalecer la protección del medio ambiente en Baja California, la organización busca presentar ante el Congreso del Estado la Ley de Responsabilidad Ambiental.
Su propósito es reforzar la supervisión y el cumplimiento de las normas ecologías. Con estas incorporaciones, el comité alcanzó un total de 33 miembros, quienes recientemente participaron en un programa de capacitación impartido por especialistas en temas relacionados con la justicia ambiental, el derecho ambiental y la situación actual del Río Colorado.
Fernando Márquez Duarte, codirector y cofundador del organismo, explicó que el objetivo principal de la agrupación es promover una condición ambiental más adecuada para todas las comunidades. Además, señaló que la justicia ambiental no es solo la conservación de los recursos naturales, sino también proteger a las poblaciones más afectadas por la contaminación.
El activista destacó que uno de los principales retos para la región está relacionado con la calidad del aire y la disponibilidad de agua. En ese sentido, advirtió que el crecimiento industrial y el desarrollo de proyectos con un alto consumo hídrico representan desafíos importantes para el Estado, especialmente por el Rio Colorado y la sequía que enfrentan.
Como parte de sus actividades, el comité realiza actualmente un estudio sobre el impacto que generan los vehículos pesados en la calidad del aire en Mexicali. Los resultados de esta investigación serán presentados en los próximos meses y servirán como base para impulsar la iniciativa que la organización pretende llevar ante el Congreso estatal.
De acuerdo con Márquez Duarte, la propuesta busca dotar a las autoridades de herramientas legales más sólidas para atender las problemáticas ambientales. El objetivo es que las empresas que incumplan las disposiciones vigentes enfrenten consecuencias más estrictas y que exista un mayor seguimiento sobre sus operaciones.
Además de promover una nueva legislación, la organización pretende impulsar regulaciones enfocadas en las fuentes indirectas de contaminación. También buscará que las autoridades responsables incrementen las inspecciones ambientales y refuercen los mecanismos de vigilancia para verificar el cumplimiento de la normativa.
El comité subrayó que todos sus integrantes participan de manera voluntaria y colaboran en distintas actividades relacionadas con la defensa del medio ambiente. Asimismo, adelantó que entre diciembre y enero podría abrirse una nueva convocatoria para incorporar a más personas interesadas en sumarse a sus proyectos.
La agrupación considera que la participación ciudadana desempeña un papel fundamental en la construcción de políticas públicas orientadas a la protección ambiental. Por ello, uno de sus objetivos es ampliar el diálogo entre especialistas, autoridades y habitantes de la región para generar soluciones conjuntas.
Entre los proyectos contemplados para los próximos meses también se encuentra la organización de la segunda edición del Congreso de Justicia Ambiental de la Frontera. El evento será gratuito y reunirá a expertos de ambos lados de la frontera para analizar los principales desafíos ambientales que enfrenta la zona.
La iniciativa del comité surge en un contexto marcado por el crecimiento urbano, la presión sobre los recursos hídricos y la necesidad de implementar estrategias sostenibles. Con esta propuesta, la organización busca impulsar un marco legal que contribuya a fortalecer la protección ambiental y promover un desarrollo más equilibrado en Baja California.
