Redacción: Amairany Ramírez
Descubre los detalles sobre la clausura de la obra Be Grand Polanco por parte de la Sedema. Tras un bloqueo de 43 horas, vecinos logran frenar el proyecto por irregularidades ambientales y daños al arbolado en la colonia Anáhuac.

En un episodio que marca un precedente para la organización ciudadana en la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) procedió a la clausura temporal del ambicioso proyecto inmobiliario Be Grand Alto Polanco Fase III. Esta acción gubernamental no fue fortuita, sino el resultado de una presión social ininterrumpida que mantuvo colapsada una de las arterias viales más importantes de la zona durante casi dos días.
El conflicto en el corazón de la capital Todo comenzó en el predio ubicado en Calzada General Mariano Escobedo 259, en la colonia Anáhuac I Sección. Desde el pasado lunes a las 18:00 horas, integrantes del Observatorio Vecinal Verónica Anzures, junto a residentes de las colonias Granada y Granadas, iniciaron un plantón que bloqueó la circulación en el tramo de Lago Alberto y Laguna de Mayrán. Su demanda era clara: detener una obra que, según denuncian, ha avanzado a costa del patrimonio ecológico de la zona.
Tras 43 horas de resistencia civil, personal de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental (DGIVA) de la Sedema, en conjunto con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la Secretaría de Gobierno capitalina, acudieron al sitio para realizar una inspección exhaustiva.
Evidencias de un ecosistema vulnerado Los hallazgos de las autoridades respaldaron las preocupaciones de los colonos. Durante la inspección, se corroboró el retiro de 112 ejemplares arbóreos dentro del predio. Sin embargo, el daño se extendió más allá de los muros de la construcción. Los peritos ambientales tomaron nota de cortes en raíces superficiales de árboles en las banquetas contiguas de Mariano Escobedo y Laguna de Mayrán, donde la desarrolladora había demolido infraestructura pública para colocar adoquín.
Además, se documentaron maltratos en las cortezas de los troncos provocados por el paso de maquinaria pesada y camiones, así como la peligrosa instalación de cableado eléctrico enredado en el arbolado para alimentar tomas de corriente de la obra.
Un historial de irregularidades Este proyecto, que contempla la construcción de dos torres de 36 y 20 niveles, ha estado bajo la lupa judicial durante años. Según informes, el desarrollo tiene una historia de más de 14 años, y desde hace más de una década ha arrastrado el incumplimiento de medidas de mitigación urbana. Aunque un tribunal colegiado había ordenado una inspección judicial para verificar el daño ambiental, esta había sido suspendida indefinidamente por una jueza, lo que detonó la indignación vecinal y los bloqueos del mes de mayo.
Ameyali Magallón, una de las líderes vecinales, celebró la colocación de los sellos de clausura, calificándola como una victoria de la movilización social sobre los intereses inmobiliarios. “Logramos acompañar las acciones legales con la presión administrativa”, señaló tras anunciarse el retiro del bloqueo vial una vez que la autoridad cumplió con su labor.
La clausura actual es de carácter temporal, y la comunidad advierte que se mantendrá vigilante mientras el proceso legal por la suspensión definitiva de la obra sigue su curso en los tribunales.

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