Redacción Michelle Velázquez Belmont
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A pesar de las constantes afirmaciones oficiales que aseguran que la fracturación hidráulica no se implementa en territorio mexicano, la realidad en las comunidades locales demuestra un escenario muy distinto. Diversas investigaciones llevadas a cabo por organizaciones civiles, entre las que destacan el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la coalición Corason, han sacado a la luz evidencias contundentes de que esta agresiva técnica de extracción de hidrocarburos se ha ejecutado de manera continua en el estado de Veracruz, específicamente en la región de Papantla, abarcando ya un periodo de tres décadas que comenzó a mediados de los años noventa.
Los informes recabados señalan que Petróleos Mexicanos ha recurrido al fracking en cientos de pozos de esta zona costera para mantener los niveles de obtención de gas y crudo, sin importar el alto costo ecológico y social que esto representa. Los pobladores de las zonas afectadas padecen diariamente las secuelas de una actividad que consume volúmenes descomunales de agua dulce, la cual posteriormente queda inservible debido a la mezcla de aditivos químicos altamente nocivos que se inyectan en el subsuelo. Esta situación ha provocado la contaminación severa de mantos acuíferos, arroyos y manantiales que antes abastecían a las familias y a las actividades agrícolas locales.
La degradación del entorno se manifiesta en la pérdida irreversible de fertilidad de los suelos, afectando la producción de cultivos tradicionales de la región y minando el sustento económico de las comunidades originarias. Los habitantes también reportan constantes afectaciones a la salud pública, que van desde padecimientos dermatológicos y respiratorios hasta el temor latente por la toxicidad acumulada en el aire y el agua, sumado al incremento de fenómenos sísmicos locales atribuidos a la presión ejercida en las formaciones rocosas subterráneas.
El panorama en Papantla contradice abiertamente el discurso político de prohibición, evidenciando una grave falta de transparencia y una alarmante desprotección hacia los derechos humanos y ambientales de los pueblos indígenas y campesinos. Las organizaciones sociales enfatizan la urgencia de detener estas prácticas ocultas, exigir la reparación de los ecosistemas devastados y garantizar el acceso a la justicia para las poblaciones que han tenido que coexistir de forma obligada con los estragos y la herencia tóxica de una actividad que sigue deteriorando su calidad de vida y su patrimonio natural.
