Redacción Marlone Serrano
La COP4 del Acuerdo de Escazú impulsa acciones concretas en América Latina y el Caribe para fortalecer la justicia ambiental, la protección de defensores y la participación ciudadana.
La Cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP4) concluyó con avances sustantivos que marcan el paso de los compromisos a la implementación efectiva en América Latina y el Caribe, con énfasis en la protección de defensores ambientales y el fortalecimiento de la justicia ambiental.
Durante el encuentro, los 19 Estados Parte aprobaron por consenso 10 decisiones clave que consolidan al tratado como el principal instrumento regional para garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
México refuerza su compromiso ambiental
La delegación mexicana, encabezada por la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, presentó avances en la ruta nacional de implementación del acuerdo, una estrategia que contempla acciones a corto, mediano y largo plazo con enfoque interinstitucional.
El gobierno mexicano reiteró su compromiso con la protección de personas defensoras del medio ambiente, así como con la inclusión de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones.
Nuevos grupos de trabajo y enfoque regional
Uno de los principales acuerdos fue la creación de dos grupos de trabajo: uno enfocado en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) y otro en el acceso a la justicia ambiental. Ambos tendrán la tarea de sistematizar buenas prácticas y fortalecer la implementación del acuerdo en la región.
En este contexto, México expresó su interés en participar activamente en ambos grupos, destacando su experiencia en mecanismos de registro ambiental y en acciones para la reparación del daño ecológico.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que funge como secretariado del acuerdo, subrayó la importancia del multilateralismo y la cooperación regional para enfrentar los desafíos climáticos actuales.
Participación social y perspectiva de género
Los acuerdos alcanzados también contemplan la integración de la sociedad civil en los procesos de implementación, así como la incorporación de la perspectiva de género como eje transversal en las políticas ambientales.
Este enfoque busca garantizar un acceso equitativo a la información y a la justicia, además de reducir las brechas de vulnerabilidad en comunidades afectadas por problemáticas ambientales.
Nueva Mesa Directiva y próximos pasos
En el plano institucional, se formalizó la nueva Mesa Directiva del acuerdo, encabezada por San Cristóbal y Nieves, con Bahamas, Belice, Colombia y Panamá como vicepresidencias.
Asimismo, se confirmó que Panamá será sede de la próxima Conferencia de las Partes (COP5), programada para abril de 2028.
Hacia una nueva etapa de implementación
Los resultados de la COP4 reflejan un cambio de enfoque en la región, donde la democracia ambiental deja de ser una aspiración para consolidarse como una condición necesaria en la protección de derechos y el desarrollo sostenible.
Con estos avances, el Acuerdo de Escazú se posiciona como una herramienta clave para enfrentar la crisis ambiental desde una perspectiva de derechos humanos, transparencia y participación ciudadana.
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