Redacción: Amairany Ramírez
En un esfuerzo coordinado para frenar el deterioro de los ecosistemas locales, diversas instituciones de seguridad y protección ambiental han asestado un golpe significativo a la extracción ilegal de recursos forestales en el sur de la capital. La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), a través de sus organismos especializados, lideró una serie de operativos estratégicos en la alcaldía Tlalpan, logrando el aseguramiento de una importante cantidad de madera y equipo de procesamiento industrial.
Las acciones fueron el resultado de un trabajo conjunto entre la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia local. Esta suma de esfuerzos permitió intervenir en puntos críticos del suelo de conservación, donde se realizaban actividades fuera de la normativa vigente.
El primer despliegue tuvo lugar en un predio ubicado en San Miguel Ajusco, el cual funcionaba como centro de almacenamiento y transformación de materias primas. Tras la ejecución de una orden de cateo, las autoridades localizaron dos bancos de sierra equipados con motores trifásicos, herramientas utilizadas para el procesamiento rápido de troncos. En este sitio, el inventario de madera decomisada ascendió a más de 11 metros cúbicos, distribuidos entre polines y tablas.
De manera simultánea, se realizó una inspección en la zona de Lomas de Tepemecatl. En este segundo espacio, los agentes hallaron 89 piezas de madera en estado “verde”, lo que indica que los árboles habían sido cortados recientemente y no habían pasado por un proceso de secado natural o técnico. Además del recurso forestal, se inhabilitaron tres sierras cinta y rieles de aserrío, elementos clave para la cadena de producción ilegal.
En total, el volumen del producto forestal maderable recuperado superó los 12 metros cúbicos de especies como pino y oyamel. Todo el material y la maquinaria incautada fueron trasladados a las instalaciones de la CORENADR para su custodia oficial. Un dato relevante aportado por las autoridades es que uno de los predios ya presentaba antecedentes de clausura por parte de la PROFEPA desde el año 2023, lo que subraya la persistencia de estos grupos en violar los sellos de seguridad.
Las autoridades recordaron que estas prácticas no solo son faltas administrativas, sino delitos graves. El Código Penal vigente establece penas severas que oscilan entre los 6 y los 20 años de prisión para quienes participen en la tala o comercialización ilícita dentro de áreas protegidas. Estas sanciones, detalladas en los artículos 345 Bis y 345 Ter, buscan castigar de forma directa el daño irreversible a la biodiversidad.
La relevancia de estos operativos ejecutados por la Secretaría del Medio Ambiente radica en la función vital que cumplen los bosques de oyamel y pino. Estos ecosistemas son los principales responsables de la captación de agua pluvial y el mantenimiento del equilibrio ecológico que beneficia a millones de personas en la ciudad. La protección del suelo de conservación se mantiene como una prioridad gubernamental para garantizar el bienestar ambiental y la sostenibilidad de los recursos naturales a largo plazo.
