Redacción Litzury Gamboa
El proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para ejercicio fiscal 2027 presentado por el Gobierno argentino contempla destinar apenas 4.07 por ciento de los recursos financieros exigidos legalmente para la conservación de los ecosistemas forestales del país, un recorte que equivale a asignar una partida promedio de 39 pesos mensuales por hectárea para proteger más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos en todo el territorio nacional.
De acuerdo con un riguroso análisis técnico difundido por la Fundación Vida Silvestre Argentina y organizaciones ambientalistas del país sudamericano, las partidas estipuladas para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos reflejan un histórico desfinanciamiento estructural de la norma marco.
En términos nominales, la asignación proyectada representa apenas 466 pesos anuales por hectárea, cifra que vulnera los parámetros mínimos mandatados por la Ley 26.331 para garantizar la fiscalización, el control territorial y los estímulos económicos a la gestión sustentable de la tierra.
Representantes del sector conservacionista advirtieron que la insuficiencia de estos fondos asesta un duro golpe a las capacidades operativas de las distintas provincias, limitando severamente la ejecución de inspecciones en campo, la mitigación de los desmontes ilegales y la restauración de los suelos degradados.
Manuel Jaramillo, director general de la entidad ambiental, remarcó que las asignaciones presupuestarias no han superado el 10 por ciento de los recursos legales desde la promulgación de la ley, dejando en situación de alta vulnerabilidad al patrimonio biológico y reduciendo la respuesta estatal frente al cambio climático.
La reducción presupuestaria pone en riesgo inminente los servicios ecosistémicos estratégicos que prestan las masas forestales argentinas, tales como la regulación hídrica frente a inundaciones severas, la fijación de carbono y la preservación del hábitat de miles de especies autóctonas, consolidando una marcada preocupación en el ámbito medioambiental de cara al debate legislativo para el próximo año.
