Redacción: Jacqueline Sandoval
Cada 6 de noviembre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemora el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, fecha proclamada por la Asamblea General en 2001 para promover la protección del entorno en contextos bélicos. Los conflictos no solo cobran vidas humanas: también contaminan fuentes de agua, destruyen cultivos y bosques y degradan los suelos.
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), al menos 40 por ciento de los conflictos internos de los últimos 60 años han estado vinculados con la explotación de recursos naturales, ya sea por su valor, como la madera, el oro o el petróleo, o por su escasez, como el agua y la tierra fértil. El organismo advierte que el riesgo de recaída en un conflicto se duplica cuando intervienen estos recursos.
Entre las principales consecuencias ambientales de la guerra destacan la contaminación del agua, el aire y los suelos, la destrucción de hábitats, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y la amenaza a la seguridad alimentaria.
Ucrania ilustra la magnitud del problema. Según la Iniciativa sobre Contabilidad de Gases de Efecto Invernadero de la Guerra, el conflicto ha generado 311 millones de toneladas de CO₂ equivalente en cuatro años, una cifra comparable a las emisiones anuales de Francia. Además, cerca de un tercio de las zonas protegidas del país ha sido afectado, y Kiev prevé reclamar a Rusia más de 57 mil millones de dólares por el daño climático.
En Gaza, el PNUMA estima en unos 50 millones de toneladas los escombros mezclados con aguas residuales y municiones tóxicas, mientras que su reconstrucción requerirá 71 mil 400 millones de dólares en la próxima década, según la Unión Europea, la ONU y el Banco Mundial. En Yemen, más de 22 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en 2026.
El marco jurídico incluye el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra, la Convención sobre Armas Químicas y la Convención sobre Municiones en Racimo. Organizaciones como Greenpeace, WWF y Médicos Sin Fronteras también trabajan en zonas de conflicto, mientras que los satélites y la inteligencia artificial ayudan a monitorear el daño ambiental.
La ONU insiste en que la reconstrucción posterior debe ser verde, con restauración de ecosistemas y gestión sostenible de los recursos, para evitar nuevas recaídas en la violencia.
