Redacción Fernando Ovando
Los productos químicos presentes en numerosos artículos de uso cotidiano que interfieren con las hormonas del organismo representan una amenaza cada vez mayor para la salud humana y el medio ambiente, de acuerdo con la advertencia emitida este martes por la Organización de Naciones Unidas (ONU). La comunidad científica ha logrado comprender con mayor precisión los daños profundos que estas sustancias pueden provocar en los ecosistemas y en el desarrollo biológico.
De acuerdo con el informe presentado por dos organismos de la ONU, los compuestos conocidos como sustancias químicas alteradoras del sistema endocrino (EDCs) han sido detectados incluso en muestras de leche materna y sangre de cordón umbilical. Una exposición temprana a estos elementos —en ocasiones antes del nacimiento— puede perturbar de forma drástica la actividad hormonal, generando efectos duraderos y en muchos casos irreversibles sobre el desarrollo cerebral, el crecimiento y la salud reproductiva de las personas.
Frente a este escenario, las instancias internacionales hicieron un llamado urgente a coordinar acciones globales para proteger tanto la salud pública como los ecosistemas naturales, advirtiendo que las políticas y normativas actuales destinadas a transformar los sectores responsables de esta exposición generalizada continúan siendo “fragmentadas e insuficientes”. Sheila Aggarwal-Khan, directora de la División de Industria y Economía del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), señaló que estas sustancias regulan funciones esenciales desde la reproducción hasta el metabolismo y el comportamiento tanto en humanos como en la fauna silvestre.
Los EDCs se encuentran comúnmente en artículos de plástico, productos de cuidado personal, medicamentos, juguetes, aparatos electrónicos, pesticidas y artículos domésticos. Su presencia se ha vinculado directamente con afectaciones en la fertilidad, la función neurológica, la regulación de la tiroides, el sistema inmunitario y la salud cardiovascular. Aunque las evidencias científicas han avanzado de manera considerable desde evaluaciones previas realizadas en 2012, los expertos subrayan que los marcos regulatorios han tardado en traducir dicho conocimiento en acciones normativas concretas que garanticen un entorno seguro y eviten pérdidas económicas multimillonarias a nivel global.














