Redacción: Andrea García
Nestlé, Unilever y 128 otras empresas se unieron para solicitar a los gobiernos una revisión de los subsidios que perjudican al medio ambiente. La iniciativa busca redirigir los recursos económicos hacia actividades que favorezcan la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad. El llamado pone en discusión el impacto del gasto público sobre los ecosistemas y la responsabilidad de los sectores productivos.
La iniciativa propone que los gobiernos revisen la manera en que distribuyen los recursos públicos y prioricen aquellos apoyos que contribuyan a la conservación de los ecosistemas. La propuesta busca reducir los incentivos económicos que favorecen actividades perjudiciales para la naturaleza y promover alternativas que permitan avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible. El planteamiento cobra relevancia ante los compromisos internacionales para proteger la biodiversidad y frenar el deterioro ambiental.
El financiamiento de actividades que afectan a la naturaleza representa uno de los principales desafíos para transformar la economía mundial. De acuerdo con estimaciones citadas en torno a esta iniciativa, cerca de 2.6 billones de dólares se destinan cada año a subsidios e incentivos que pueden ocasionar daños ambientales, una cifra equivalente aproximadamente al 2.5% del producto interno bruto global.
Ante este panorama, las empresas firmantes consideran necesario revisar el destino de estos recursos y analizar cómo podrían aprovecharse para impulsar prácticas responsables. La intención no consiste únicamente en retirar apoyos, sino también en establecer mecanismos que favorezcan la conservación de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad.
Entre las actividades que pueden recibir incentivos con consecuencias ambientales negativas se encuentran la explotación de combustibles fósiles, ciertas prácticas agrícolas, la pesca y diferentes procesos de producción y transporte. Aunque estos apoyos suelen responder a objetivos económicos, como mantener la productividad o reducir costos, también pueden contribuir a la contaminación, la degradación de los ecosistemas y el agotamiento de los recursos naturales.
Por esta razón, la revisión de los subsidios requiere evaluar sus beneficios económicos y sus efectos sobre el entorno. El desafío para las autoridades consiste en diseñar políticas que permitan mantener el bienestar social y la actividad productiva sin comprometer la salud de los ecosistemas.
La propuesta respaldada por las compañías plantea fortalecer la cooperación entre gobiernos, empresas, instituciones financieras y organizaciones sociales para identificar los incentivos que necesitan modificarse. Entre las acciones posibles se encuentran establecer planes de reforma, evaluar los resultados de las políticas existentes y dirigir una mayor cantidad de recursos hacia actividades que contribuyan a la sostenibilidad.
Ell sector empresarial puede desempeñar un papel importante al medir su impacto sobre la naturaleza e incorporar criterios ambientales en sus decisiones de inversión. La colaboración entre los distintos actores busca que las políticas económicas tengan en cuenta las consecuencias ambientales y generen condiciones más favorables para las actividades responsables.
Este llamado también se relaciona con el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, un acuerdo internacional que establece objetivos para detener y revertir la pérdida de biodiversidad. Su meta 18 contempla identificar y reformar, eliminar gradualmente o reducir los incentivos perjudiciales para la biodiversidad, además de fortalecer aquellos que contribuyen a su conservación.
Entre sus objetivos figura reducir estos incentivos en al menos 500 mil millones de dólares anuales para 2030. Alcanzar esta meta requiere que los países establezcan medidas concretas, definan prioridades y desarrollen mecanismos de seguimiento que permitan conocer los resultados de las reformas.
La transformación de los subsidios también podría modificar las condiciones de competencia entre las empresas. Cuando determinadas actividades reciben apoyos económicos pese a sus consecuencias ambientales, los negocios que invierten en tecnologías limpias o procesos sostenibles pueden enfrentar mayores costos para competir en el mercado.
Una redistribución adecuada de los incentivos podría ayudar a reducir estas diferencias y estimular inversiones en innovación, eficiencia energética y aprovechamiento responsable de los recursos. Sin embargo, para que estos cambios produzcan resultados positivos, será necesario considerar las necesidades de los sectores productivos y de las comunidades que dependen de ellos, así como garantizar que las decisiones se tomen con transparencia y criterios de equidad.
La participación de Nestlé, Unilever y otras empresas en esta iniciativa pone de manifiesto la creciente importancia de incorporar la protección ambiental en las decisiones económicas. El llamado también representa una oportunidad para que los gobiernos revisen sus políticas de financiamiento y evalúen si los recursos públicos contribuyen a cumplir los compromisos internacionales de conservación.
La COP17 sobre biodiversidad, prevista en Ereván, Armenia, a partir del 19 de octubre de 2026, constituye un escenario relevante para abordar estos desafíos y analizar los avances en la implementación de los objetivos globales. El principal reto será convertir las propuestas en acciones verificables que permitan reducir los daños ambientales y fortalecer una economía compatible con la conservación de la naturaleza.
