Redacción Amairany Ramírez
El Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna ha admitido a trámite una denuncia de repetición del acto reclamado contra la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esta acción de carácter judicial busca esclarecer con rigor si la dependencia federal incurrió nuevamente en las omisiones normativas que llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a declarar inconstitucional la gestión del recurso en la región, debido a la alarmante y constante sobreexplotación del agua subterránea.
El caso actual se centra específicamente en la reciente aprobación de 347 extensiones de derechos de extracción de líquido para uso agrícola, otorgadas entre los meses de abril y junio de 2026. La inconformidad jurídica radica en que estas resoluciones administrativas se autorizaron a pesar de que el manto subterráneo principal de la Comarca Lagunera presenta una disponibilidad media anual desfavorable desde hace más de veinte años. La queja legal señala que la institución gubernamental validó la continuidad de estos aprovechamientos sin comprobar la sustentabilidad de la medida y sin determinar los volúmenes de extracción que resulten verdaderamente seguros para la cuenca.
De acuerdo con el recurso legal presentado por los demandantes, estas concesiones se extendieron por plazos prolongados que alcanzan hasta los diez años. No obstante, las autoridades correspondientes omitieron acreditar técnicamente cómo se lograría la recuperación del acuífero en un entorno geográfico con un marcado déficit hídrico. Adicionalmente, los expedientes jurídicos revelan que 273 de los títulos autorizados carecen del desglose detallado de la superficie agrícola que se pretende beneficiar con los riegos, incumpliendo de este modo un requisito indispensable estipulado con claridad en la Ley de Aguas Nacionales para la renovación de estos permisos.
Esta confrontación en los tribunales federales se inscribe dentro de un proceso de litigio que comenzó formalmente en el año 2019, cuando colectivos locales exigieron de manera formal la aplicación de políticas efectivas para combatir la degradación del subsuelo. Al respecto, el máximo tribunal de justicia del país determinó con antelación que sostener un estatus de disponibilidad nula atenta directamente contra los derechos humanos al agua potable y a un medio ambiente sano de todas las familias que habitan en la Comarca Lagunera.
Por lo tanto, la autoridad judicial competente ha solicitado de manera urgente un informe pormenorizado a la parte señalada en la denuncia como responsable de estas acciones. El requerimiento establece de forma muy precisa que si los funcionarios no remiten el reporte solicitado en el tiempo asignado, se presumirá la certeza de las acusaciones realizadas.
Es de suma relevancia precisar que la admisión de este recurso de revisión judicial no suspende ni invalida de manera automática las autorizaciones para el riego de cultivos que se encuentran actualmente en curso. El juzgado de distrito tendrá la alta responsabilidad de examinar minuciosamente la documentación y los informes oficiales presentados para dictaminar si la actuación de los reguladores viola las sentencias previas en materia de equilibrio ecológico y protección constitucional.
