En un panorama global donde la sostenibilidad ha dejado de ser un complemento de relaciones públicas para convertirse en un pilar financiero y operativo, las empresas en México se encuentran ante una oportunidad histórica. Con la entrada en vigor de la nueva Ley General de Economía Circular, la Cámara Suizo Mexicana de Comercio e Industria (SwissCham México) ha hecho un llamado urgente pero optimista: adelantarse a las regulaciones no solo evitará sanciones futuras, sino que generará ahorros significativos y ventajas comerciales inmediatas.
Aunque el reglamento de esta legislación aún se encuentra en fase de desarrollo, expertos y directivos de empresas afiliadas a la SwissCham señalan que la gradualidad prevista en su aplicación representa una valiosa ventana de tiempo para que las compañías adapten sus procesos de manera ordenada y estratégica.
De acuerdo con Miguel Chavarría, consejero de SwissCham México y director de Consultoría para Latinoamérica y el Caribe de South Pole, cumplir con las normativas antes de los plazos obligatorios robustece la propuesta de valor de cualquier compañía ante inversionistas, reguladores y socios estratégicos. En un mercado financiero que prioriza los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), mostrar liderazgo en circularidad mitiga los riesgos de incumplimiento regulatorio, impulsa la innovación interna y abre las puertas a nuevos mercados.
Uno de los incentivos más atractivos para las empresas que decidan adelantarse es la posibilidad de obtener el Distintivo Nacional de Economía Circular. Este reconocimiento se otorgará tras someterse a una auditoría ambiental voluntaria, y servirá para identificar plenamente a los productos que cumplan rigurosamente con los principios circulares.
El gran valor de este sello radica en que otorgará preferencia a dichos productos dentro de las compras y contrataciones gubernamentales, impulsando de manera decidida el denominado mercado público circular. Esto representa una ventaja competitiva de escala masiva para las empresas proveedoras del sector público.
Debido a que el reglamento definitivo de la ley sigue en proceso de elaboración, muchas empresas se preguntan por dónde empezar. David Castillo, consultor gerente de South Pole México, aclara que la implementación de las normativas será progresiva y que no todas las organizaciones tendrán exactamente las mismas obligaciones. Los requisitos específicos dependerán estrictamente de factores como el sector industrial, la categoría de los productos y las capacidades particulares de cada empresa, además de que coexistirán con otras leyes ambientales ya vigentes en el país.
Por este motivo, los expertos coinciden en que el paso más inteligente hoy es realizar un diagnóstico integral de la empresa. Este estudio permitirá evaluar los procesos actuales y diseñar una hoja de ruta personalizada para determinar qué obligaciones corresponderán y cómo capitalizarlas a favor de la rentabilidad corporativa.
