Redacción Marlone Serrano
La propuesta de reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)enfrenta uno de sus principales desafíos fuera del terreno legislativo: contar con los recursos necesarios para hacer cumplir las nuevas disposiciones.
El exsecretario de Medio Ambiente de Baja California, José Carmelo Zavala Álvarez, advirtió que mantener el presupuesto actual podría limitar la capacidad de las autoridades para implementar, vigilar y fiscalizar las nuevas obligaciones contempladas en la iniciativa.
Zavala Álvarez, fundador del Centro de Innovación y Gestión Ambiental México (CIGA), consideró que la propuesta representa un avance al plantear una legislación más ambiciosa, pero señaló que una ampliación de las obligaciones debe estar acompañada por mayores recursos.
“Con los mismos recursos, ni un peso más, eso se vuelve letra muerta”, señaló el exfuncionario al referirse al riesgo de aprobar nuevas disposiciones sin fortalecer el presupuesto destinado a su cumplimiento.
Más facultades, pero también más capacidad para aplicarlas
Uno de los aspectos relevantes de la iniciativa es el fortalecimiento de las facultades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), particularmente en materia de vigilancia y fiscalización.
Sin embargo, el exsecretario sostuvo que ampliar las responsabilidades de las instituciones ambientales sin incrementar sus recursos podría convertirse en una limitación para alcanzar los objetivos planteados.
El problema, explicó, no está únicamente en aprobar nuevas obligaciones legales, sino en contar con la capacidad institucional para implementarlas, supervisarlas y hacerlas cumplir.
La fiscalización ambiental requiere personal, infraestructura y recursos suficientes para atender las responsabilidades que derivan de la legislación, particularmente cuando se busca ampliar las capacidades de vigilancia.
La LGEEPA, eje del marco jurídico ambiental
La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados plantea actualizar la legislación ambiental vigente, cuya base se remonta a la LGEEPA de 1988.
Esta ley constituye el marco general del sistema jurídico ambiental mexicano y establece disposiciones relacionadas con la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, el ordenamiento territorial, la prevención y control de la contaminación, la evaluación ambiental y la participación social.
La propuesta busca avanzar hacia un marco regulatorio más amplio e incorporar nuevos elementos vinculados con la protección ambiental y la justicia ambiental.
No obstante, organizaciones ambientalistas también han expresado preocupaciones sobre algunos de los cambios planteados en el proyecto.
El reto: que la reforma pueda cumplirse
Para Zavala Álvarez, el punto central está en evitar que una legislación más ambiciosa termine enfrentando las mismas limitaciones operativas que actualmente dificultan el cumplimiento de las normas ambientales.
En ese sentido, consideró necesario que la actualización de la LGEEPA esté acompañada de recursos suficientes para fortalecer la fiscalización ambiental.
El debate sobre la nueva legislación, por tanto, no se limita al contenido de las normas. También involucra la capacidad financiera e institucional del Estado para convertir las disposiciones aprobadas en acciones concretas de protección ambiental.
La reforma busca actualizar uno de los principales instrumentos jurídicos para garantizar el derecho a un medio ambiente sano, pero su alcance dependerá también de los recursos disponibles para vigilar, supervisar y hacer cumplir sus disposiciones.
