Redacción: Samuel Giraldo
Ecuador avanza en la construcción de una taxonomía verde para ordenar sus finanzas sostenibles, atraer inversión internacional y fortalecer proyectos ambientales con reglas claras y transparencia.
Ecuador busca encaminar su sistema financiero hacia un modelo más sostenible, en un proceso que va más allá de un simple anuncio o de la elaboración de un documento técnico. Se trata de una estrategia en construcción que reúne a distintos actores clave, desde el gobierno encabezado por Daniel Noboa, hasta entidades bancarias y organismos internacionales. La iniciativa refleja un intento por ordenar el crecimiento de las finanzas verdes en el país, estableciendo bases más claras para atraer inversión responsable y alineada con objetivos ambientales.
En el centro de esta apuesta se encuentra la llamada “taxonomía verde”, una herramienta que, aunque poco conocida fuera del ámbito financiero, resulta fundamental para canalizar capital hacia actividades sostenibles. En términos sencillos, esta clasificación permitirá identificar qué proyectos realmente contribuyen al cuidado del medio ambiente y cuáles no. Esto no solo facilitará la toma de decisiones de inversionistas nacionales y extranjeros, sino que también ayudará a evitar ambigüedades en torno a lo que se considera verde.
Los primeros avances ya se han dado en Quito, donde el Ministerio de Economía y Finanzas organizó una serie de talleres técnicos con la participación de bancos públicos, privados y organismos de control. El objetivo de estos encuentros es diseñar lineamientos que orienten el financiamiento hacia iniciativas que reduzcan emisiones contaminantes, mejoren la gestión del agua, fomenten la economía circular y protejan la biodiversidad.
Desde el Gobierno, se reconoce que el sistema financiero tiene un papel transversal en este proceso, por lo que se busca integrar la experiencia del sector para construir una herramienta no solo sólida desde el punto de vista técnico, sino también funcional en la práctica.
Por su parte, la banca ha reaccionado con una combinación de prudencia y disposición. Desde Asociación de Bancos Privados del Ecuador se ha enfatizado la importancia de implementar este sistema de manera progresiva, mediante programas piloto y procesos de capacitación. La intención es evitar que la regulación se convierta en un obstáculo para el crédito, y más bien funcione como un incentivo para impulsar proyectos sostenibles.
Las cifras respaldan que Ecuador no parte desde cero. De acuerdo con la Superintendencia de Bancos del Ecuador, desde 2021 se han destinado más de 4.600 millones de dólares a créditos verdes, principalmente enfocados en la mitigación y adaptación al cambio climático. Sin embargo, el crecimiento de este tipo de financiamiento también ha evidenciado la necesidad de establecer criterios uniformes. Sin una taxonomía clara, cada institución podría definir de manera distinta qué proyectos califican como sostenibles, lo que podría generar incertidumbre y limitar el acceso a recursos internacionales.
La hoja de ruta del país cuenta con el respaldo técnico del Instituto Global para el Crecimiento Verde, así como con financiamiento de iniciativas como UK PACT y el Fondo Verde para el Clima. No obstante, más allá del apoyo externo, el verdadero desafío será interno, buscando lograr consensos, evitar barreras regulatorias innecesarias y traducir los compromisos ambientales en proyectos concretos.
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