Redacción Marlone Serrano
El río Tijuana enfrenta una crisis ambiental y sanitaria: aguas negras cruzan hacia EE.UU., contaminan playas y humedales, y generan presiones binacionales para una solución integral.
El río Tijuana se ha convertido en el epicentro de una crisis ambiental y sanitaria que afecta tanto a México como a Estados Unidos. Miles de litros de aguas negras sin tratamiento atraviesan diariamente la frontera, contaminando playas y humedales en el sur de California y exponiendo a la población a riesgos de salud pública.
El crecimiento desordenado de Tijuana, que hoy alberga más de 2.2 millones de habitantes, rebasó la capacidad de su infraestructura de drenaje y tratamiento. Desde hace décadas, el río fue convertido en el eje del sistema de descargas, acumulando aguas residuales de fraccionamientos, colonias irregulares e industrias.
Aunque existen 18 plantas de tratamiento, solo seis cumplen con la normatividad ambiental y varias operan de manera intermitente o están fuera de servicio. En consecuencia, el sistema procesa alrededor de 2,700 litros por segundo, insuficiente para la demanda real.
Los monitoreos de la Cofepris han declarado como no aptas para uso recreativo playas como San Antonio del Mar, Baja Malibú y Playa Blanca, donde los niveles de enterococos superan hasta 14,000 por cada 100 ml, cuando el límite permitido es de 200.
Del lado estadounidense, playas del sur de San Diego sufren cierres frecuentes por contaminación. La EPA estima que lluvias torrenciales provocan flujos transfronterizos de hasta 412 millones de litros diarios de aguas residuales hacia el océano Pacífico.
Un análisis de la Fundación Prebys para la Cámara de Comercio de San Diego concluyó que más de tres cuartas partes de la red de alcantarillado de Tijuana requieren rehabilitación urgente. El documento propone:
- Financiamiento confiable para infraestructura crítica.
- Programas modernizados de operación y mantenimiento.
- Gobernanza binacional con rendición de cuentas.
- Estrategias de comunicación pública y transparencia.
Autoridades estadounidenses han endurecido sus demandas. Legisladores como Adam B. Schiff y Juan Vargas solicitaron que México se comprometa a un programa multianual de financiamiento, reservas de mantenimiento y ampliación de la planta de San Antonio de los Buenos.
En julio de 2025, la Semarnat y la EPA firmaron un memorando de entendimiento para atender la crisis bajo el Acta 328 de la CILA, con el objetivo de detener “de una vez por todas” los flujos de aguas residuales no tratadas.
La crisis del río Tijuana refleja la urgencia de una solución integral y binacional. Sin inversiones en infraestructura y una gestión coordinada, el problema seguirá afectando la salud pública, el medio ambiente y las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos.
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