Redacción Andrea García
Las autoridades ambientales intensificaron la vigilancia sobre las granjas porcícolas en Yucatán para prevenir la contaminación y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes. Las acciones incluyen inspecciones, sanciones económicas y mejoras en los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Además, se mantiene el seguimiento de instalaciones señaladas por posibles daños al entorno. La estrategia busca proteger los recursos naturales y reducir el impacto ambiental de esta actividad productiva.
En este esfuerzo participan instituciones federales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), además del Gobierno de Yucatán mediante la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
La coordinación entre estas instancias tiene como finalidad fortalecer la vigilancia de las instalaciones, revisar sus condiciones de operación y promover alternativas que permitan reducir los riesgos de contaminación. También se busca dar seguimiento a las preocupaciones expresadas por habitantes de distintas comunidades sobre las posibles consecuencias ambientales de esta actividad.
Como parte de las acciones de supervisión, la Profepa informó que se han efectuado 18 visitas de inspección a granjas porcícolas durante la actual administración. Los operativos abarcaron municipios como Maxcanú, Temax, Tixkokob, Chocholá, Kopomá y Abalá, entre otras localidades de la entidad. A partir de estas revisiones, las autoridades establecieron medidas correctivas para las instalaciones inspeccionadas y determinaron una clausura total definitiva.
Las sanciones económicas impuestas a empresas del sector suman 105.8 millones de pesos, como resultado de procedimientos administrativos relacionados con incumplimientos ambientales detectados en años anteriores. Uno de los expedientes destacados corresponde a la granja Pecuaria Peninsular, localizada en Santa María Chi.
En este sitio, la Profepa ordenó la clausura total definitiva el 4 de septiembre de 2025 e impuso una multa de 18.6 millones de pesos, además de establecer la obligación de reparar las afectaciones ambientales. Posteriormente, en abril de 2026, terminó el retiro de los 41 mil 570 cerdos que se encontraban en las instalaciones.
Las autoridades continúan con la evaluación de las condiciones del agua y el suelo, en colaboración con especialistas del INECC y académicos, para identificar los daños y definir las acciones necesarias para su recuperación. La actualización de la infraestructura para tratar las aguas residuales constituye otro de los puntos prioritarios de esta estrategia.
En el caso de Kekén, compañía que, junto con las granjas que trabajan bajo el esquema de aparcería, representa aproximadamente 80 por ciento de la producción porcícola de Yucatán, 11 de sus 14 granjas propias están en proceso de incorporar tecnologías complementarias para el tratamiento de sus descargas. Las otras tres instalaciones ya cuentan con estos sistemas operando.
Las modificaciones buscan que las granjas se ajusten a los límites de contaminantes establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-2021, norma que regula las descargas de aguas residuales. El plazo previsto para terminar las adecuaciones pendientes es marzo de 2027. Por otra parte, de las 56 granjas vinculadas a Kekén mediante acuerdos de aparcería, 39 entregaron propuestas para modernizar sus sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Los proyectos permanecen bajo revisión de las instancias ambientales correspondientes, que deberán determinar si cumplen con los requisitos aplicables. Las autoridades también indicaron que no se han otorgado autorizaciones para construir u operar nuevas granjas porcícolas en Yucatán. En este contexto, la estrategia se concentra en revisar las condiciones de las instalaciones existentes, verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y prevenir que continúen o se generen nuevas afectaciones.
La vigilancia reforzada también contempla una mayor colaboración entre los gobiernos federal y estatal para perfeccionar los mecanismos de evaluación ambiental e impulsar soluciones técnicas que contribuyan a reducir la contaminación. La situación requiere especial atención en Yucatán, donde las características del suelo kárstico facilitan la circulación del agua subterránea y hacen relevante prevenir la infiltración de sustancias contaminantes.
Por ello, el cumplimiento de las medidas correctivas, la modernización de los sistemas de tratamiento y la recuperación de las zonas afectadas serán aspectos determinantes para medir la efectividad de las acciones emprendidas. El seguimiento de estos trabajos permitirá conocer los avances en la protección de los recursos naturales y la respuesta de las empresas ante las exigencias ambientales.
