Ante el panorama político y los crecientes desafíos ecológicos de cara a la próxima legislatura, destacados expertos en materia ambiental y conservación han instado firmemente al futuro gobierno a dotar de mayores recursos económicos y humanos, así como de una verdadera voluntad política, a las estrategias institucionales dirigidas a proteger la naturaleza y frenar la preocupante pérdida de biodiversidad en España.
En recientes valoraciones públicas difundidas por especialistas de alto nivel, entre ellos el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, y el ambientólogo Andreu Escrivà, se ha enfatizado con absoluta claridad que la prioridad fundamental de la agenda pública debe centrarse en superar de forma definitiva la denominada “conservación de papel”.
Esta problemática histórica se caracteriza por la declaración formal de espacios protegidos y la catalogación de especies amenazadas que, lamentablemente, carecen en la práctica de los medios operativos, presupuestarios y de personal indispensables para garantizar su cumplimiento e implementación efectiva sobre el territorio.
Los expertos subrayaron que los complejos desafios derivados del cambio climático exigen integrar la preservación ambiental de manera transversal e integral en todos los sectores económicos influyentes del país, tales como la agricultura intensiva, la ganadería comercial, la planificación de grandes obras de infraestructura y el desarrollo del modelo turístico regional. Además, advirtieron que la acción institucional no debe limitarse exclusivamente a la protección mediática de unas pocas especies emblemáticas como el lince ibérico, sino abordar de forma holística a la totalidad de los ecosistemas terrestres, fluviales, humedales, bosques y áreas marinas de la nación.
Asimismo, especialistas señalaron como tareas urgentes la restauración activa de los hábitats degradados, considerados la principal barrera natural de resiliencia y adaptación frente a los fenómenos climáticos extremos, la implementación de medidas efectivas contra la mortalidad de fauna silvestre en infraestructuras y el estricto cumplimiento de las directrices del Reglamento de Restauración de la Naturaleza de la Unión Europea; con el objetivo de consolidar políticas de Estado estables, participativas y duraderas que trasciendan los cambios de administración y garanticen la sostenibilidad ambiental a largo plazo en todo el territorio nacional.
