Redacción: Michelle Velázquez Belmont
Seguimiento a denuncias ambientales Sierra de Picachos: Mesas de diálogo, Nuevo León, conservación de áreas protegidas y ecología.
El Gobierno del estado de Nuevo León ha formalizado recientemente una alianza estratégica con la organización Piensa Verde Nuevo León con el propósito fundamental de monitorear de cerca las diversas irregularidades ecológicas señaladas por la población en la Sierra de Picachos.
Este compromiso surgió como respuesta directa a una Audiencia Pública organizada por la Secretaría de Participación Ciudadana, espacio en el cual los activistas expusieron una serie de preocupaciones urgentes relacionadas con la preservación del ecosistema local.
Los temas centrales del debate giraron en torno al deterioro de la calidad del aire, la degradación de los suelos, la pérdida de biodiversidad y la posible contaminación de los mantos acuíferos dentro de esta región, la cual cuenta con el estatus de área natural protegida. Durante la sesión, el representante del colectivo ciudadano, José Muzquiz, puso especial énfasis en el caso de la pedrera Matrimar. Según los informes presentados, la empresa continúa operando o generando impactos negativos a pesar de las sanciones y clausuras previas impuestas por las autoridades debido a supuestos incumplimientos de las normativas ambientales vigentes.
Ante este panorama, los manifestantes hicieron un llamado formal a las autoridades estatales para que evalúen seriamente la clausura permanente de dichas instalaciones, fundamentando su petición en el principio jurídico denominado “in dubio pro natura”, el cual dicta que, ante cualquier incertidumbre o riesgo latente, se debe priorizar siempre la protección y conservación de los recursos naturales sobre las actividades económicas.
Como resultado de este encuentro y en un esfuerzo por garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, la Secretaría de Medio Ambiente, a través de su Procuraduría Estatal, se comprometió a investigar exhaustivamente las quejas presentadas bajo el marco de sus competencias legales. Se estableció un esquema de trabajo conjunto que incluye la creación de un mecanismo de vigilancia permanente entre el Estado y los representantes de la sociedad civil. Dicho protocolo contempla la celebración de reuniones de carácter bimestral donde el gobierno deberá informar de manera detallada sobre el progreso, los obstáculos encontrados y las resoluciones tomadas respecto a las denuncias vigentes.
El secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, destacó la relevancia de este tipo de ejercicios democráticos, agradeciendo la disposición del colectivo para entablar un diálogo constructivo. Subrayó que este intercambio es esencial para fortalecer la gobernanza y asegurar que la vigilancia sobre las actividades en la Sierra de Picachos sea más estricta. Esta iniciativa responde a la creciente presión de la comunidad, que exige medidas contundentes para proteger los entornos naturales más emblemáticos del estado contra cualquier acción que ponga en riesgo su integridad ecológica a largo plazo.
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