Redacción Andrea García
La decisión de dos fuerzas políticas de limitar la participación de especialistas en un debate público generó cuestionamientos sobre la importancia de abordar temas relacionados con el desarrollo y la protección del medio ambiente.
La decisión del Partido Popular y VOX de rechazar la comparecencia de un investigador especializado en sostenibilidad y centros de datos en la Asamblea de Extremadura generó críticas sobre la participación de la ciencia en las decisiones ambientales. La propuesta buscaba analizar los posibles beneficios y riesgos de las infraestructuras digitales proyectadas en la región. El caso reavivó el debate sobre el consumo de agua y energía, así como la protección de los ecosistemas.
El episodio ocurrió el pasado 21 de octubre de 2026, durante una sesión de la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital, en la que se planteó la participación de Manuel García Domínguez, investigador vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y a la Universidad Carlos III de Madrid. La iniciativa, pretendía abrir un espacio para analizar las oportunidades y los posibles efectos ambientales de los proyectos de infraestructura digital previstos en la comunidad.
La comparecencia tenía como finalidad conocer la opinión de un especialista sobre las consecuencias energéticas, económicas y ecológicas que puede generar la instalación de grandes centros de datos. No obstante, la propuesta no prosperó debido al voto contrario de los representantes del PP y VOX, con un resultado de siete votos en contra y tres a favor.
Durante la discusión, la diputada popular Isabel Cortés Gervilla cuestionó el enfoque ambiental del investigador y se refirió a su postura como “ecologismo chavista”. En tanto, VOX defendió una visión centrada en los aspectos industriales y técnicos de los proyectos, al considerar que las cuestiones ambientales podían abordarse a través de los mecanismos administrativos de información pública.
La polémica se relaciona con los planes para instalar centros de datos en Extremadura, una infraestructura tecnológica cuya operación requiere un suministro constante de electricidad y, en determinados sistemas de refrigeración, importantes cantidades de agua. Existen cuatro instalaciones contempladas en la región, lo que ha despertado interrogantes sobre la capacidad energética disponible y las consecuencias que podría tener su funcionamiento a gran escala.
En este contexto, el debate trasciende la atracción de inversiones y la creación de empleos, pues también involucra la gestión de los recursos naturales, la planificación del territorio y la evaluación de los impactos que podrían acumularse con el desarrollo de estas instalaciones.
Después de la votación, Ecologistas en Acción manifestó su inconformidad con la decisión y defendió la necesidad de escuchar a investigadores antes de tomar determinaciones sobre proyectos de gran magnitud. La organización explicó que permitir la intervención de especialistas no significa oponerse de manera automática al crecimiento económico, sino disponer de información suficiente para valorar las ventajas y los riesgos de cada iniciativa.
También destacó que las inversiones industriales, energéticas, mineras y agroganaderas necesitan someterse a evaluaciones ambientales rigurosas. Entre los factores que requieren atención se encuentran la disponibilidad de agua, el consumo energético, las emisiones contaminantes, los cambios en el uso del suelo y las posibles afectaciones a la biodiversidad y a las comunidades cercanas.
A estas preocupaciones se suma la situación de distintos ecosistemas de Extremadura, donde se han señalado problemas relacionados con la contaminación de embalses, la presencia de nitratos en aguas subterráneas, los vertidos en ríos y los niveles de ozono. Asimismo, existen inquietudes sobre el deterioro de los suelos y las dehesas, espacios de gran valor ambiental para la región.
Para las organizaciones ecologistas, estas circunstancias hacen necesario fortalecer la investigación y la supervisión de las actividades económicas, además de establecer medidas preventivas que permitan reducir los daños. La información científica puede contribuir a identificar amenazas, comparar alternativas y determinar qué condiciones deben cumplirse para que una actividad productiva resulte compatible con la protección del entorno.
El rechazo a la intervención de Manuel García Domínguez reavivó la discusión sobre el lugar que debe ocupar la ciencia en las decisiones de los representantes públicos. Mientras los gobiernos buscan impulsar proyectos tecnológicos y atraer capital, especialistas y organizaciones ambientales insisten en que el desarrollo debe acompañarse de estudios independientes y criterios de sostenibilidad.
El caso de Extremadura pone de manifiesto la necesidad de conciliar la innovación digital y el crecimiento industrial con el cuidado de los recursos naturales. Para Ecologistas en Acción, escuchar a la comunidad científica permite anticipar posibles consecuencias y tomar decisiones mejor fundamentadas, especialmente cuando están en juego el agua, la energía, los ecosistemas y la calidad de vida de la población.
