Redacción Amairany Ramírez
Activistas ambientales y comunidades indígenas de Sinaloa han intensificado sus demandas para frenar un megaproyecto industrial en el norte de México. Exigen la cancelación definitiva de una planta de amoníaco que consideran una gran amenaza ecológica para la Bahía de Ohuira.
Este lunes, integrantes del colectivo local “Aquí No” y de la organización internacional Greenpeace se congregaron de forma pacífica en la plaza de la Constitución en la Ciudad de México. Como parte de la movilización, algunos manifestantes escalaron el asta bandera del Zócalo capitalino para desplegar pancartas que exigían proteger el ecosistema de Topolobampo. La principal inquietud de los inconformes radica en los posibles impactos nocivos que este complejo petroquímico podría generar en el medio ambiente y la biodiversidad de la región.
La megaplanta es promovida por las empresas Grupo Proman, a través de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO). Según proyecciones técnicas, la instalación tendría capacidad para generar hasta 2 mil 200 toneladas métricas diarias de amoníaco. No obstante, los opositores sostienen que el proyecto ya ha provocado tensiones internas y divisiones entre las comunidades originarias del área. Además, cuestionan que se esté realizando una consulta ciudadana cuando las obras de edificación ya muestran un avance significativo. Felipe Montaño, gobernador indígena del colectivo sinaloense, señaló que, tras participar en diversas mesas de trabajo, consideran inviable continuar con el proyecto. Los manifestantes también criticaron que las encuestas del gobierno no se centren en los pueblos adyacentes a la obra, sino en poblaciones ubicadas a unos 41 kilómetros de distancia.
Ante estas muestras de rechazo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró en su conferencia de prensa matutina que el gobierno federal aún no emite una determinación final sobre el destino de la planta. Sheinbaum Pardo precisó que la obra no ha sido cancelada y que la construcción sigue su curso. Sin embargo, recalcó que la decisión final dependerá de los resultados de las asambleas comunitarias. Desde hace tres meses, un equipo de dependencias federales —compuesto por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Comisión Nacional del Agua— trabaja directamente con los habitantes locales para analizar sus peticiones.
La mandataria subrayó que el objetivo prioritario es verificar la validez técnica de los estudios de impacto ambiental y asegurar la conservación de la laguna de Ohuira para evitar su contaminación. Asimismo, la administración federal revisa diversos compromisos sociales y de infraestructura que la empresa operadora adquirió con los pobladores de la región y que, de acuerdo con las denuncias, continúan sin cumplirse. Sheinbaum Pardo recordó que el proyecto se originó en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, periodo en el cual se efectuó una consulta previa que obtuvo el consentimiento mayoritario de la población. Sin embargo, garantizó que no se apresurarán las decisiones actuales hasta recopilar detalladamente la opinión de cada una de las comunidades afectadas.
