Redacción Atziri Gomez
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio a conocer una serie de acciones enfocadas en fortalecer la política ambiental del país, con medidas que abarcan la conservación de los bosques, un mayor control sobre las actividades mineras y la recuperación de espacios costeros de alto valor ecológico.
Las decisiones forman parte de una estrategia que busca reforzar la protección de los recursos naturales y ampliar la participación social en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente, uno de los anuncios más relevantes fue la instalación del nuevo Consejo Nacional Forestal (CONAF) para el periodo 2026-2029.
De acuerdo con la dependencia, este órgano quedó integrado por 89 instituciones y organizaciones, lo que representa la incorporación de 25 integrantes más respecto al ciclo anterior y amplía la representación de diversos sectores vinculados con la conservación y el manejo sustentable de los ecosistemas forestales.
Por primera vez, el Consejo Nacional Forestal contará con una integración paritaria entre mujeres y hombres, además de incluir representación específica de organizaciones y colectivos de mujeres, siendo este un cambio busca fortalecer la participación incluyente dentro del principal órgano de consulta y colaboración en materia de política forestal en México.
Asimismo, la nueva conformación incorpora una mayor representación de comunidades forestales, pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, con el objetivo de que las decisiones relacionadas con los recursos forestales consideren las experiencias y necesidades de quienes habitan y trabajan directamente en estos territorios.
Durante la instalación del consejo Alicia Bárcena, titular de la institución y el director general de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Sergio Graf, se destacó que la igualdad de género debe reflejarse no solo en la ocupación de espacios, sino también en la capacidad de participar activamente en la toma de decisiones en cuestión ambiental y política
Además de la renovación del CONAF, la dependencia informó sobre la entrada en vigor de nuevas disposiciones para el sector minero. A partir del 20 de julio, ninguna persona física o moral podrá ejercer una concesión minera sin contar previamente con la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental.
Con esta medida, las autorizaciones ambientales pasan a ser un requisito independiente de la concesión minera, por lo que los proyectos deberán acreditar el cumplimiento de la legislación ambiental antes de iniciar actividades de exploración o explotación, la intención es fortalecer la supervisión de los proyectos y reducir los riesgos para los ecosistemas.
El acuerdo también establece restricciones para la disposición final de residuos mineros y metalúrgicos en humedales, áreas naturales protegidas, cauces y otras zonas consideradas de alta importancia ambiental. Además, cualquier proyecto ubicado dentro de áreas protegidas deberá someterse obligatoriamente a una Evaluación de Impacto Ambiental.
Otro de los anuncios realizados por la Semarnat se refiere a Playa Las Cocinas, ubicada en Punta de Mita, Nayarit. La dependencia informó que fue revocada la concesión otorgada a la empresa Cantiles de Mita S.A. de C.V. luego de identificar incumplimientos ambientales y obras realizadas sin las autorizaciones correspondientes.
El proyecto contemplaba el desarrollo de un complejo turístico con hotel, residencias, restaurantes y otras instalaciones sobre una superficie superior a los 200 mil metros cuadrados y tras una revisión técnica, jurídica y administrativa, las autoridades determinaron que no contaban con el aval requerido.
Como resultado de esta resolución, la concesión quedó sin efectos y el Gobierno federal anunció que impulsará una estrategia orientada a la restauración del ecosistema costero, el control de la erosión y la garantía del libre acceso a la playa, la zona también es reconocida por su importancia para la protección de especies, como las tortugas marinas.
Con estas acciones, la Semarnat busca fortalecer la protección del patrimonio natural de México mediante políticas que promuevan una mayor participación ciudadana, incrementen la vigilancia ambiental y favorezcan el manejo sostenible de los recursos naturales en distintas regiones del país.
