Redacción Michelle Velázquez Belmont
En México, erradicar la impunidad y garantizar una justicia auténtica continúa siendo una meta pendiente. Pese a ciertos avances normativos, persisten la violencia y la inseguridad, lo que vulnera el derecho fundamental a un entorno ecológico sano. Si bien la nación posee un marco legal ambiental robusto, capaz de guiar al país hacia un bienestar sustentable y pacífico, su aplicación efectiva ha sido históricamente bloqueada por intereses políticos y económicos que se colocan por encima de los ecosistemas y las comunidades.
El actual proceso de reforma judicial representa una valiosa oportunidad histórica para subsanar estas fallas, consolidando un Estado de Derecho donde se respete la dignidad humana y el entorno natural. Para lograrlo, tanto entes públicos como privados deben someterse a la Constitución, lo que exige otorgar mayor autonomía, recursos y capacidades al aparato judicial, además de simplificar los procesos para asegurar una resolución expedita de los conflictos.
Bajo la perspectiva del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), una reestructuración exitosa requiere un diagnóstico profundo e integral que atienda tanto los obstáculos administrativos como los judiciales. En el ámbito administrativo, urge que el otorgamiento de concesiones y licencias respete los derechos humanos, fortaleciendo la inspección y dotando a las fiscalías y dependencias como la Profepa de personal capacitado para investigar los delitos ambientales. En el terreno judicial, es indispensable profesionalizar a los juzgadores en materia ecológica y saldar la deuda histórica de crear tribunales especializados, conforme a lo estipulado en el Acuerdo de Escazú, adoptando sentencias con visión transformadora y optimizando el juicio de amparo para asegurar la suspensión de los actos dañinos.
Asimismo, la reforma debe priorizar la protección integral de las personas defensoras de la tierra, fortaleciendo los mecanismos de seguridad institucionales. Por otra parte, persisten incertidumbres críticas que demandan claridad, tales como el financiamiento del proceso de elección de nuevos jueces, el pago de indemnizaciones correspondientes a quienes dejen sus cargos y la preservación de la carrera judicial para asegurar la independencia y el profesionalismo. Incorporar estas demandas en la agenda nacional permitirá equilibrar el desarrollo económico con la equidad social y la sustentabilidad, garantizando que la justicia proteja eficazmente el patrimonio natural y los derechos de las comunidades más vulnerables tanto en el presente como para las generaciones venideras.
