Redacción Marlone Serrano
El Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, encabezado por Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas, enfrenta uno de los desafíos más grandes de la gestión hídrica en México: revertir más de cinco décadas de contaminación en el Río Santiago y garantizar el derecho humano al agua. La misión se sostiene en tres pilares: infraestructura, inversión y justicia ambiental, con un enfoque que busca transformar la política pública en beneficios tangibles para millones de personas.
Inversión y obras en marcha
El esfuerzo federal y estatal se traduce en cifras contundentes:
- 650 millones de pesos invertidos en 2025 y más de 2,000 millones previstos para 2026 (1,000 para el Lerma y 1,000 para el Santiago).
- Resultados 2025: retiro de 623 toneladas de residuos, desazolve de 41.2 km de cauce, creación de 612 hectáreas de nuevas Áreas Naturales Protegidas, restauración de 2,140 hectáreas de suelo forestal, inspección de 78 empresas con cinco clausuras, y construcción o rehabilitación de seis PTAR.
- Proyectos 2026: restauración de las Ciénegas de Lerma y del humedal El Ahogado, ampliación de PTAR en El Salto y Juanacatlán, colectores en Ocotlán, reconversión energética de siete plantas y delimitación de más de 160 km de zona federal.
Entre las obras más relevantes destacan:
- PTAR El Salto: ampliación de 60 a 90 l/s, con 96.85% de avance, beneficiando a más de 18,000 habitantes.
- PTAR Juanacatlán: ampliación de 40 a 60 l/s, con 89.3% de avance.
- PTAR Santa Cruz: 95.89% de avance, con colectores de 2 km ya concluidos.
- PTAR San Miguel Zapotitlán: 96.19% de avance.
- PTAR Real del Lago: interconexiones en Ixtlahuacán de los Membrillos, con 67.55% de avance.
- Colector Soriana en Ocotlán: 86.2% de avance.
Estas obras buscan procesar las descargas domésticas de más de 400,000 habitantes, evitando que lleguen crudas al río y prolongando su vida útil por al menos 20 años, con posibilidad de actualización normativa.
Monitoreo y control de contaminantes
La instalación de estaciones automáticas cada 10 minutos permite detectar coliformes fecales, metales pesados y otros contaminantes en tiempo real.
- Se proyectan 8 estaciones de monitoreo en línea en el tramo crítico de 70 km entre Ocotlán y El Salto de Juanacatlán.
- Los sensores europeos permiten identificar fallas en plantas de tratamiento y sancionar a industrias que incumplen la ley.
- Parámetros medidos: oxígeno disuelto, turbiedad, nitratos, sólidos suspendidos, demanda química y bioquímica de oxígeno, carbono orgánico, clorofila, ficocianina, entre otros.
La nueva Ley General de Aguas
La legislación aprobada redefine la gestión del recurso:
- El agua deja de ser considerada mercancía y se reconoce como derecho humano.
- Se eliminan transferencias irregulares y mercados negros de concesiones.
- Se establecen mecanismos de reasignación vinculados al binomio tierra-agua (herencia y venta de tierras con concesión).
- Se prioriza el consumo humano sobre usos industriales o agrícolas.
- Se crean fondos de agua para redistribuir concesiones acaparadas: un fraccionamiento con un millón y medio de m³ concesionados, que solo usa 200,000, deberá pagar 265 millones de pesos en cuotas de garantía o devolver el agua.
Participación ciudadana
El rescate no depende solo de infraestructura:
- Jornadas de limpieza en Guanajuato y la ZMG han retirado toneladas de llantas y residuos.
- Escuelas y colectivos participan en campañas de saneamiento.
- Programas de cosecha de agua en más de mil escuelas permiten almacenar agua de lluvia para uso cotidiano.
- Acciones ciudadanas simples, como baños cortos de menos de cinco minutos, son parte de la estrategia integral.
Rendición de cuentas
Figueroa Cuevas reconoce que los avances serán graduales: “Revertir 50 años de daño no se hace en un día”. Sin embargo, destaca logros concretos:
- Reducción de descargas domésticas en crudo.
- Convencimiento de empresas para cumplir la ley y arrojar agua limpia.
- Estrategia integral que combina infraestructura, inversión, monitoreo y participación social.
El rescate del Río Santiago es una estrategia ambiental y social que busca devolver vida a un ecosistema devastado. Bajo el principio de justicia ambiental, la meta es que las aguas vuelvan a ser fuente de vida y no de enfermedad, y que el derecho humano al agua se cumpla en cada comunidad ribereña.
