Redacción Leo Garfias
La transición hacia fuentes de energía más limpias es una de las principales estrategias para enfrentar el cambio climático y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, la construcción de plantas solares, parques eólicos, centrales hidroeléctricas y sus respectivas redes de transmisión también puede provocar impactos ambientales cuando los proyectos se desarrollan dentro o cerca de zonas naturales protegidas.
El debate surge porque las áreas protegidas cumplen una función esencial para conservar especies, paisajes, fuentes de agua y servicios ambientales. Al mismo tiempo, algunos de estos territorios cuentan con condiciones favorables para aprovechar el sol, el viento o las corrientes de agua, lo que despierta el interés de empresas y autoridades por desarrollar infraestructura energética.
Aunque las energías renovables son indispensables para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, no están completamente libres de consecuencias ambientales. Un parque solar de gran tamaño puede modificar el uso del suelo y fragmentar hábitats, mientras que los aerogeneradores pueden afectar determinadas rutas de aves y murciélagos. Las centrales hidroeléctricas, por su parte, pueden alterar el flujo de los ríos y las dinámicas de los ecosistemas acuáticos.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza advierte que el crecimiento de las energías solar, eólica e hidroeléctrica puede entrar en conflicto con los objetivos de conservación cuando las instalaciones alcanzan zonas protegidas o de elevada importancia ecológica. Por ello, recomienda planificar cuidadosamente la ubicación de los proyectos y evitar desde el inicio los lugares con mayor sensibilidad ambiental.
Una adecuada evaluación ambiental resulta fundamental antes de autorizar cualquier construcción. No basta con analizar los daños directos de cada instalación de manera individual. También es necesario considerar caminos de acceso, líneas eléctricas, obras complementarias y la suma de varios proyectos dentro de una misma región.
La llamada jerarquía de mitigación propone, en primer lugar, evitar los impactos; después, reducir aquellos que no pueden eliminarse; restaurar las áreas afectadas y recurrir a compensaciones únicamente cuando las medidas anteriores sean insuficientes. Este enfoque debe aplicarse desde la planeación hasta el retiro o renovación de la infraestructura.
Las prohibiciones absolutas pueden ser necesarias en ecosistemas especialmente frágiles, zonas de reproducción de especies amenazadas o sitios fundamentales para la conectividad biológica. En otras áreas podrían admitirse proyectos pequeños destinados a abastecer instalaciones comunitarias, centros de conservación o poblaciones aisladas, siempre que se demuestre que no producirán afectaciones significativas.
La transición energética y la conservación no deberían avanzar como objetivos separados. La planeación territorial, las evaluaciones rigurosas, la transparencia y la participación social pueden ayudar a construir un modelo en el que la reducción de emisiones no implique sacrificar la biodiversidad. Organizaciones internacionales señalan que coordinar las políticas climáticas y ambientales permite reducir los conflictos y encontrar soluciones que protejan tanto a los ecosistemas como a las comunidades.
