Redacción Leo Garfias
La transición hacia fuentes de energía más limpias representa uno de los principales desafíos para México y América Latina. Sin embargo, en distintas regiones del país las comunidades que intentan desarrollar proyectos energéticos propios aseguran que el camino está lejos de ser sencillo. La falta de recursos económicos, los procesos legales complejos y la competencia con grandes proyectos de infraestructura continúan frenando iniciativas que buscan colocar a las personas en el centro del cambio energético.
En diferentes estados del país existen organizaciones comunitarias interesadas en instalar sistemas solares, fortalecer redes eléctricas locales o administrar proyectos de generación de energía renovable. Estas propuestas tienen como objetivo reducir costos, mejorar el acceso a la electricidad y promover modelos de desarrollo donde las ganancias permanezcan dentro de las propias comunidades. No obstante, sus impulsores afirman que acceder a financiamiento sigue siendo uno de los principales retos.
Los grupos comunitarios señalan que muchas convocatorias públicas o privadas están diseñadas para empresas, gobiernos u organizaciones con una estructura administrativa sólida, lo que dificulta que pequeñas cooperativas o colectivos rurales puedan cumplir con todos los requisitos técnicos, financieros y legales. Como consecuencia, numerosos proyectos permanecen en fase de planeación sin lograr concretarse.
A estas dificultades se suman los llamados “candados legales”. Representantes de diversas comunidades consideran que la normatividad energética y los procedimientos administrativos suelen favorecer a proyectos de gran escala, mientras que las iniciativas comunitarias enfrentan largos procesos para obtener permisos o acceder a esquemas de interconexión con la red eléctrica. Esta situación limita la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con grandes desarrolladores.
Otro de los desafíos es la expansión de megaproyectos energéticos y extractivos. Aunque muchos de ellos forman parte de las estrategias nacionales para incrementar la generación de energía o aprovechar minerales críticos para la transición energética, diversas comunidades sostienen que estos desarrollos pueden generar conflictos por el uso del territorio, el acceso al agua y la distribución de los beneficios económicos.
Frente a este panorama, organizaciones sociales impulsan el concepto de transición energética justa, una propuesta que busca reducir las emisiones contaminantes sin dejar de lado los derechos de las personas que habitan los territorios donde se desarrollan los proyectos. Bajo este enfoque, la generación de energía limpia debe construirse mediante procesos de participación comunitaria, consulta y beneficios compartidos, evitando repetir modelos que históricamente han provocado desigualdad o conflictos sociales.
Mientras México avanza hacia metas de descarbonización y expansión de energías renovables, las comunidades insisten en que el éxito de esta transformación dependerá de la capacidad de construir un modelo donde el desarrollo tecnológico vaya acompañado de justicia social, participación ciudadana y respeto por los derechos de quienes viven en las regiones donde se produce la energía del futuro.
