Redacción Regina Melo
Cada vez más empresas están cambiando la forma en la que producen, distribuyen y ofrecen sus productos o servicios con el objetivo de reducir su impacto en el medio ambiente. Este cambio responde tanto a la necesidad de enfrentar los efectos del cambio climático como a una mayor demanda de consumidores que prefieren adquirir productos elaborados de manera responsable
Las empresas verdes implementan distintas estrategias para disminuir su huella ambiental. Entre las más comunes se encuentran la instalación de paneles solares, el uso de iluminación de bajo consumo, la reutilización del agua en procesos industriales, la reducción de plásticos de un solo uso y el reciclaje de materiales. Algunas también desarrollan empaques biodegradables, utilizan materias primas certificadas o incorporan procesos de economía circular para aprovechar mejor los recursos y generar menos residuos.
En México, las empresas están obligadas a cumplir con diversas normas ambientales para reducir el impacto de sus actividades. Entre las principales se encuentran la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que establece medidas para prevenir y poder controlar la contaminación, así como la Ley General de Aguas, que regula el uso de los recursos hídricos y busca garantizar el derecho humano al agua mediante un aprovechamiento sustentable del recurso. La legislación más reciente fortalece el control sobre las concesiones de agua y establece medidas para evitar la sobreexplotación de acuíferos y asegurar la distribución justa del recurso.
Algunas empresas han sido objeto de cuestionamientos por parte de comunidades y organizaciones ambientales. Uno de los casos más conocidos es el del grupo Coca-Cola FEMSA, que ha enfrentado críticas en distintos estados del país por el volumen de agua que utiliza en regiones con problemas de disponibilidad. La empresa sostiene que ha mejorado la eficiencia de sus procesos y desarrolla proyectos de reabastecimiento de agua, restauración de cuencas y conservación de ecosistemas; sin embargo, colectivos ambientales consideran que estas acciones deben ir acompañadas de una mayor transparencia sobre el uso del recurso y sus concesiones.
Otro caso es el de Bonafont, que pertenece al grupo Danone. En 2021, habitantes del municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, señalaron que la extracción de agua realizada por una de sus plantas estaba afectando el abastecimiento de la comunidad. La empresa rechazó esas acusaciones y afirmó que operaba conforme a las concesiones otorgadas por las autoridades. El conflicto abrió un debate nacional sobre la forma en que se administra el agua en México y el papel que desempeñan las grandes industrias en zonas donde el recurso es limitado.
Frente a estos casos, otras compañías han impulsado medidas para reducir su impacto ambiental. Grupo Bimbo ha incorporado más de 2,700 vehículos eléctricos para el reparto de sus productos y utiliza electricidad proveniente de fuentes renovables en parte de sus operaciones. Cemex ha aumentado el uso de combustibles alternativos en la producción de cemento y trabaja en materiales con menores emisiones de carbono, mientras que PetStar recicla miles de millones de botellas de PET cada año para reincorporarlas a la fabricación de nuevos envases.
Una empresa puede llamarse realmente sostenible cuando, además de cumplir con la legislación, informa de manera transparente sobre su consumo de agua, energía, emisiones y generación de residuos. Así, la sociedad puede evaluar si los compromisos ambientales anunciados se reflejan en los resultados.
