Columnas • Antonio Gamboa Chabbán

La fábrica de cifras 

Antonio Horacio Gamboa Chabbán 

Hay países que se miden por su crecimiento o por sus medallas. Y hay países que se han acostumbrado a medirse por sus muertos. México es uno de ellos. Cada mes esperamos la cifra de homicidios como quien espera un parte meteorológico: para saber si el clima de violencia amainó o arreció. Pero ¿qué ocurre cuando ni siquiera esa parte es confiable? ¿Qué ocurre cuando dos instituciones del mismo Estado, con los mismos muertos, nos entregan dos países distintos? 

Para 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 24,348 víctimas de homicidio doloso y de feminicidio. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por su parte, contabilizó 29,488 defunciones por homicidio. La diferencia es de 5,140 casos: 21.1 por ciento más en un registro que en el otro, la brecha más grande en once años. No hablamos de un error de redondeo ni de una discrepancia menor entre oficinas. Hablamos de 5,140 personas que, según la fuente consultada, murieron asesinadas o no figuran en la estadística oficial. 

Detrás de cada número hay un nombre, una familia, una carpeta, un acta, un cuerpo. Cinco mil ciento cuarenta no es una cifra: es una ciudad pequeña entera de víctimas que aparece y desaparece según el cristal con que se mire. Si esa magnitud de error la tuviéramos en el padrón electoral, en el censo de población o en las finanzas públicas, el escándalo sería mayúsculo y las renuncias, inmediatas. ¿Por qué, tratándose de muertos, lo toleramos como si fuera un detalle técnico? 

La explicación oficial es metodológica y, en parte, es cierta. El Secretariado suma las víctimas reportadas por las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República a partir de carpetas de investigación; el INEGI cuenta a partir de certificados y actas de defunción, registros civiles y servicios forenses. Uno clasifica delitos; el otro, causas de muerte. El problema no es que existan dos métodos, sino que la distancia entre ambos no deja de crecer. Pasó de 4.1 por ciento en 2022 a 21.1 por ciento en 2025, un aumento de 291 por ciento en la discrepancia justo en los años en que se anuncia, con mayor énfasis, que los homicidios van a la baja. ¿No debería inquietarnos que, mientras el éxito se proclama, el termómetro se descalibra? 

Ahí empieza a funcionar la fábrica de cifras. Una fábrica no siempre miente de frente; a veces basta con elegir la materia prima. Si conviene celebrar, se toma el registro más bajo y se anuncia una reducción de más de 21 por ciento de un año a otro; si se toma el otro registro, la reducción es de apenas 12.1 por ciento. La diferencia de 9.1 puntos porcentuales no es un matiz académico: es la distancia entre un gobierno que presume estar pacificando al país y otro que apenas contiene la violencia. Con la misma realidad se pueden fabricar dos relatos opuestos y ambos tendrán un sello oficial que los respalde. 

La fábrica también trabaja por omisión. Especialistas han advertido que desde 2020 los hallazgos en fosas clandestinas dejaron de contabilizarse como homicidios dolosos en el registro de las fiscalías, y que ni siquiera el conteo del INEGI alcanza a todas esas víctimas. Es decir, la brecha conocida de 5,140 casos podría ser, en realidad, el piso y no el techo del subregistro. ¿Cuántos muertos más hay que no figuran en ninguna de las dos listas? ¿Cuántas familias buscan a alguien que, para el Estado, no ha muerto ni ha desaparecido, sino que simplemente no cuenta? 

Las consecuencias no son solo estadísticas, son profundamente sociales. Una sociedad que recibe cifras contradictorias aprende a no creer en ninguna. La percepción ya no se forma con datos, sino con la experiencia directa: el vecino asaltado, la calle bloqueada, el negocio que paga extorsión. Cuando el discurso oficial dice que todo mejora y la vida cotidiana lo contrario, la brecha que se abre no es numérica, sino de confianza. Y un Estado sin confianza en sus propios números gobierna a ciegas y pide fe en lugar de ofrecer pruebas. 

Pero hay un engaño todavía más grave, porque ocurre hacia adentro. Solemos imaginar a la autoridad como la autora del engaño y, muchas veces, lo es. Sin embargo, también hay que plantear lo contrario: ¿qué pasa cuando la autoridad misma es engañada por las cifras que recibe? Un gobernador que toma como buena la cifra más baja asignará menos policías, menos ministerios públicos y menos presupuesto justo donde más se mata. Un gabinete de seguridad que celebra una reducción fabricada relajará operativos, moverá efectivos a otra entidad y declarará cumplida una meta que nunca se cumplió. Decidir con datos falsos no es solo mentirle al ciudadano: es mentirse en la mesa donde se decide la vida de los ciudadanos. 

Por eso las preguntas son inevitables y nadie, en ningún nivel de gobierno, debería eludirlas. ¿Cuántos homicidios hubo realmente en México en 2025: 24,348 o 29,488? ¿Quién responde, con nombre y apellido institucionales, por los 5,140 casos de diferencia? ¿En qué entidades se concentra la brecha y qué fiscalías están reclasificando homicidios como muertes por causa no especificada? Si ambas fuentes son oficiales, ¿por qué el ciudadano debe elegir a cuál creerle? Y la pregunta más incómoda: ¿cuántas decisiones de seguridad, ¿cuántos presupuestos y cuántos discursos de éxito se han construido ya sobre la cifra equivocada? 

No se trata de descalificar a una institución para salvar a la otra. Se trata de entender que un país no puede tener dos verdades oficiales sobre su hecho más grave. La violencia se combate con policías, con inteligencia y con justicia, pero antes que todo, se combate con la verdad. Sin una medición única, auditada y conciliada caso por caso, cada anuncio de reducción será sospechoso y cada víctima fuera del registro será doblemente víctima: asesinada primero por el crimen y después por el olvido administrativo. 

Lo que México necesita no es otra conferencia con otra gráfica descendente. Necesita una conciliación pública y verificable de sus registros de homicidios, estado por estado, con una metodología abierta, una auditoría independiente y consecuencias para quien manipule, oculte o reclasifique muertes para mejorar su imagen. Necesita, en suma, cerrar la fábrica de cifras y abrir de una vez la fábrica de la verdad. Porque mientras sigamos sin saber cuántos nos matan, seguiremos sin saber quiénes somos como país ni qué clase de autoridades nos gobiernan: si unas que enfrentan la realidad, o unas que prefieren fabricarla. 

Mtro. Antonio Horacio Gamboa Chabbán 

Presidente del Colegio de Abogados de América Latina COTAL, A.C. 

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