Redacción Antonio Gamboa
El deterioro de nuestros recursos naturales no respeta las fronteras trazadas en los mapas, pero nuestras leyes sí lo hacen. Cuando en México se quema un bosque o se contamina un río, la respuesta típica de las autoridades suele ser pasarse la bolita: el gobierno municipal dice que es culpa del estatal, y el estatal señala al federal. Para frenar la crisis ecológica, necesitamos dejar de lado las excusas burocráticas y entender que la Constitución asigna las tareas. Una verdadera agenda ambiental solo funciona cuando los tres niveles de gobierno asumen su parte del problema y lo resuelven de forma coordinada.
Para entender cómo se divide este trabajo en un plan de acción real y sin enredos legales, hay que mirar las herramientas que tiene cada autoridad. No se trata de que todos hagan de todo, sino de que cada quien apriete las tuercas correctas en su área de control.
El Nivel Federal: Las Grandes Reglas y los Recursos de la Nación
El Gobierno de la República es el guardián de los recursos más grandes e importantes del país. Todo lo que tiene que ver con los mares, las selvas principales, los lagos, los ríos y el subsuelo profundo le pertenece a la Nación, y, por lo tanto, son la Presidencia de la República y sus secretarías quienes dictan las reglas.
La agenda a este nivel debe enfocarse en la energía y en la vigilancia pesada. Primero, la Federación tiene que dejar de apostar por quemar carbón y combustóleo para generar electricidad. La prioridad número uno debe ser abrirles la puerta y facilitar la energía solar y eólica para limpiar a gran escala el aire que respiramos. Segundo, el gobierno federal es el único con el peso y la autoridad para clausurar minas altamente tóxicas o detener la tala ilegal masiva. Para esto, se necesita incrementarles el presupuesto a instituciones como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), dado que ha disminuido considerablemente en los últimos 7 años. Sin dinero para inspectores, camionetas y equipo contra incendios, las leyes federales son solo un papel de buenas intenciones. Su trabajo, grosso modo, consiste en establecer límites estrictos a los principales contaminantes del país.
El Nivel Estatal: El Puente, los Incentivos y la Chequera Verde
Los gobiernos estatales están justo en medio. No controlan las playas ni los grandes ríos, pero tienen un poder enorme que casi no usan para cuidar el medio ambiente: el control de los impuestos locales y del transporte público. Las Entidades Federativas son las encargadas de administrar el crecimiento de las regiones y de vigilar a las industrias que, aunque no manejan residuos radiactivos ni supertóxicos, sí generan toneladas de basura o emisiones al aire.
La agenda estatal debe enfocarse en usar el dinero como un premio o un castigo. Un gobierno estatal valiente implementa “impuestos verdes”, cobrándoles a las fábricas y a las pedreras por cada tonelada de humo que emiten. Pero ese dinero no debe ir a la bolsa general del gobierno, sino a un fondo blindado exclusivo para reforestar y limpiar la ciudad. Al mismo tiempo, la Entidad Federativa puede usar su poder fiscal para premiar: si una empresa instala paneles solares o una familia instala un sistema para captar agua de lluvia, el gobierno estatal les otorga un buen descuento en el impuesto sobre la nómina o en el pago de los derechos vehiculares. Además, los estados deben obligar por ley a que todo el transporte público pase a ser eléctrico en un plazo fijo, retirando de circulación los camiones viejos que llenan las calles de humo.
El Nivel Municipal: La Primera Línea de Defensa Ciudadana.
Los gobiernos municipales suelen quejarse de que no tienen presupuesto, pero tienen dos poderes vitales que determinan la salud diaria del entorno: el camión de la basura y los permisos de construcción. El municipio es el primer contacto de la gente con su ciudad y su impacto es inmediato y visible.
La agenda municipal debe ser implacable en materia de orden del suelo y de gestión de residuos. Primero, se debe erradicar el uso de tiraderos de basura a cielo abierto. Los municipios tienen que invertir, a veces agrupándose entre varios, en rellenos sanitarios modernos que no filtren jugos tóxicos al agua subterránea. Segundo, el municipio es propietario de las tuberías de agua potable y de drenaje. Su deber es construir plantas tratadoras para asegurar que el agua de drenaje no se vierta cruda en ríos o barrancas. Y el punto más fuerte: el gobierno municipal es quien decide dónde se puede construir una casa y dónde no. La herramienta más poderosa de un municipio para proteger los bosques y las áreas de recarga de agua es simplemente decir “no” y negar las licencias de construcción a las inmobiliarias que quieren hacer fraccionamientos sobre los árboles o tapar los cauces naturales de agua.
La Magia de Trabajar Juntos: Un Ejemplo Práctico.
Para que todo esto no suene a teoría pura, imaginemos un escenario que se repite en muchas partes de México: un río que cruza un bosque a las orillas de una ciudad, que está lleno de basura y de espuma química de las fábricas, y está rodeado de constructoras listas para talar los árboles y construir departamentos. Si cada gobierno actúa por separado, el problema no se resuelve. Pero si aplican la magia de trabajar juntos, el rescate se ve así:
La autoridad federal llega primero con sus inspectores y clausura los tubos de la fábrica química que arroja metales pesados al río, imponiendo multas millonarias porque esa es agua de la Nación. Al mismo tiempo, patrulla el bosque para detener a quienes provocan incendios intencionales.
El gobierno estatal entra en acción cobrándoles a las grandes fábricas de la zona su nuevo impuesto por contaminar el aire. Con ese dinero recaudado, el Estado compra tecnología de limpieza para el río, paga a brigadas locales para que siembren miles de árboles en las zonas afectadas y otorga un subsidio para que los vehículos de transporte público que circulan por la zona sean reemplazados por unidades eléctricas que no echen humo sobre el bosque rescatado.
Finalmente, el gobierno municipal hace su parte clave. El gobierno municipal arregla de una vez por todas el sistema de recolección de basura de las colonias cercanas para que a los vecinos no les resulte fácil tirar sus bolsas de plástico a la barranca del río. Y lo más importante, usa su poder legal para cambiar el uso de suelo: declara la zona del bosque como área protegida y, en definitiva, les niega los permisos de construcción a las inmobiliarias que busquen construir vivienda en esas áreas.
Cuando las reglas nacionales se aplican sin miedo, los presupuestos del Estado se usan para premiar lo limpio y castigar lo sucio, y el orden local frena la ambición desmedida, el rescate deja de ser un discurso político y se convierte en una realidad visible. Lograr este engranaje perfecto requiere voluntad, pero es una de las rutas viables para asegurar que las próximas generaciones hereden un país donde todavía se pueda respirar aire limpio y beber agua segura.
Mtro. Antonio Horacio Gamboa Chabbán
Presidente del Colegio de Abogados de América Latina COTAL, A.C.
