Redacción Leo Garfias
La expansión de las energías renovables en México no debería medirse únicamente por la cantidad de paneles solares, parques eólicos o nuevas tecnologías instaladas. También deberá analizarse a partir de su capacidad para reducir desigualdades, mejorar las condiciones de vida de los hogares y abrir oportunidades económicas para las comunidades más vulnerables.
Aunque la mayoría de los hogares mexicanos dispone de electricidad, todavía persisten diferencias importantes en el costo del servicio, su confiabilidad y la posibilidad de utilizar la energía para mejorar las oportunidades educativas, laborales y productivas. Los hogares de menores ingresos pueden destinar una proporción mayor de sus recursos al pago de servicios energéticos, enfrentar interrupciones o depender de fuentes poco eficientes y contaminantes.
En ese contexto, el acceso a energía limpia no consiste solamente en sustituir una fuente de generación por otra. También implica garantizar que las familias puedan pagarla, utilizarla de manera segura y aprovecharla para desarrollar actividades que mejoren su bienestar. La electricidad confiable puede facilitar el estudio, la conservación de alimentos y medicamentos, la operación de pequeños negocios y el acceso a herramientas digitales.
El estudio sostiene que una transición energética sin criterios de justicia distributiva podría beneficiar principalmente a los hogares con capacidad para comprar paneles solares, vehículos eléctricos o equipos de bajo consumo. Mientras tanto, las familias con menos recursos podrían permanecer sujetas a tarifas elevadas, infraestructura deficiente y empleos vulnerables relacionados con sectores energéticos tradicionales.
Para enfrentar esta situación, especialistas proponen coordinar las políticas energéticas con programas sociales, laborales, ambientales y de desarrollo regional. Entre las alternativas se encuentra la creación de incentivos fiscales, mecanismos de financiamiento accesibles y apoyos específicos para que las comunidades vulnerables puedan adoptar tecnologías renovables. También se plantea fortalecer las cooperativas energéticas y otros modelos de propiedad social.
Los trabajadores vinculados con actividades basadas en combustibles fósiles podrían enfrentar desplazamientos o pérdida de ingresos conforme avance la transformación del sector. Por ello, una transición justa requiere anticipar los cambios, ofrecer nuevas habilidades y proteger a quienes podrían quedar rezagados.
Las mujeres, las comunidades rurales y los pueblos indígenas también deberán participar en el diseño de las políticas energéticas. No basta con instalar infraestructura en sus territorios; resulta necesario consultar a la población, respetar sus derechos y garantizar que los beneficios económicos y sociales sean compartidos.
La energía renovable podrá convertirse en una verdadera herramienta de desarrollo cuando llegue a quienes más la necesitan, fortalezca las economías locales y permita que las comunidades participen activamente en la construcción de un modelo energético más limpio, democrático y equitativo.
